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Al menos cuatro factores explican la tragedia ocurrida en Quito

Más allá de los fenómenos naturales, el problema está en el crecimiento no planificado de la ciudad, el cambio del uso del suelo y la regularización de barrios en zonas de riesgo.

Las zonas de riesgo de Quito están plenamente identificadas en varios documentos del Municipio.

El problema está en la aplicación de los planes, ya sea de gestión de uso del suelo, ambientales, de resiliencia o en las mismas ordenanzas del Concejo Municipal.

A pesar de las acaloradas discusiones en redes sociales, se sabe que el aluvión que causó estragos en los barrios La Comuna y La Gasca, en el noroccidente de Quito, fue causado por fenómenos naturales.

Factores explican la tragedia ocurrida en Quito: Los expertos y las autoridades coinciden en que no se trató. Esta vez, de un problema de deforestación, sino de un conjunto de factores:

• La inclinación de las laderas del Pichincha.
• Las inusuales precipitaciones del 31 de enero.
• La conformación del terreno.
• Y la expansión de la ciudad, sin una planificación ni una gestión de riesgos apropiadas.

El cambio climático

A esto se suman el cambio climático y la edad de las zonas de captación, que son estructuras construidas hace más de 40 años.

Por lo tanto, estas estructuras de contención fueron pensadas para otra realidad, explica el geólogo Hugo Yepes.

Según el Plan Ambiental Distrital 2015-2025, en el Distrito Metropolitano de Quito existen 182 quebradas, distribuidas en siete sectores.

Y los efectos de los factores de riesgo relacionados con las corrientes de agua y las lluvias se han ido incrementando con los años.

Yepes describe la ladera de Pambachupa, por donde bajó el último y mortífero aluvión, como una pendiente «tres o cuatro veces más inclinada que las que sube Richard Carapaz en bicicleta».

Esto, más la fuerza de gravedad, hizo que un pequeño deslizamiento en la parte superior de la quebrada El Tejado tomara la fuerza y la velocidad que causaron la destrucción urbana vista en la zona cero del desastre, en La Comuna.

El experto confirmó que en el trayecto superior del desplazamiento «no ha habido intervención humana». Y que las obras de captación fueron limpiadas en diciembre, es decir, estaban con el mantenimiento al día.

Planes por miles y cero dólares

El Plan de Gestión y Uso del Suelo municipal define la organización del crecimiento urbano mediante una distribución de la población de acuerdo con las actividades económicas. El uso y aprovechamiento del suelo, la ocupación y la edificabilidad.

En ese documento, de 350 páginas, se delimita el uso de cada tipo de suelo en Quito y se identifican las amenazas para cada zona, según su ubicación. Lo que define los tipos de actividades que se podrán realizar en sitios específicos.

Por ejemplo, hay requisitos para el «desarrollo sostenible del territorio y contención de la mancha urbana. Evitando que se urbanicen las áreas de producción agrícola y las áreas de conservación y protección, promoviendo la soberanía alimentaria».

La Estrategia Quito Resiliente ratificó que «la distribución de la población vulnerable se concentra en sitios críticos. Lo que agrava la exposición a amenazas y amplifica las repercusiones de estos eventos».

Y el Plan Ambiental identifica las amenazas para el patrimonio natural, como los cambios de uso del suelo, la deforestación y la fragmentación de hábitats, el crecimiento de la infraestructura urbana, la contaminación de acuíferos y cauces hídricos.

El problema está en el seguimiento y aplicación de estos planes, llenos de estudios y de proyectos para mitigar los riesgos naturales o de origen humano.

Daniela Chacón, exvicealcaldesa de la ciudad, coincide en que «planes hay en cantidades». Pero «no hay la voluntad política para ponerles los recursos y esto sin plata no se hace».

Además, señala que la gestión de riesgos no está entre las principales preocupaciones ciudadanas: vialidad e inseguridad se llevan la atención de las administraciones municipales.

Ricos y pobres

A esto, Chacón agrega que «ha habido una irresponsabilidad de los alcaldes y de los concejos municipales al aprobar ciertos desarrollos urbanos en sectores de protección ecológica o urbanización intensa».

También «hay una presión social por dar respuesta a la gente que está en los asentamientos irregulares, y el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad) abrió el camino jurídico para la regularización de barrios», explica la exfuncionaria.

Advierte que la expansión en zonas de riesgo no solo es cosa de grupos sociales de escasos recursos, sino también de grandes urbanizaciones que consiguen permisos municipales.

Solo en 2021, el 75% del trabajo del concejo metropolitano era de regularización de barrios. Daniela Chacón, exvicealcaldesa de Quito

Chacón apunta a otro problema administrativo: «los cambios de uso de suelo, que se hacen sin que haya conocimiento de todo el mundo».

Yepes también coincide con que gran parte del problema está en la planificación. La ciudad ha tenido «un desarrollo rápido y una ocupación de las laderas del volcán Pinchincha y de pendientes altas, sin mayor planificación».

La dinámica de la ocupación del territorio es más rápida que la planificación y que la capacidad de hacer valer las regulaciones, concluye Yepes.