Al igual que a finales de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo conocer que Ecuador era parte de una trama de corrupción liderada por la empresa Odebrecht para la obtención de contratos públicos a través de la entrega de coimas, hoy esa misma instancia estadounidense hace saber nuevamente que en nuestro país, entre 2015 y julio de 2020, se recibieron sobornos para beneficiarse de contratos de compra y venta de productos petroleros.

Para diciembre de 2016 el Departamento de Justicia reveló que el grupo brasileño Odebrecht pagó por sobornos unos $ 439 millones en doce países, entre esos Ecuador, donde aseguró se pagaron $ 33,5 millones, desde 2007 hasta 2016, para lograr beneficios equivalentes a $ 116 millones.

En cambio, el 3 de diciembre último el mismo Departamento de Justicia indicó que Vitol Inc., filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, que forman una de las firmas comerciales de energía más grandes del mundo, acordó pagar a la justicia de Estados Unidos $ 135 millones para resolver un caso de sobornos que, entre otras cosas, habla de que Vitol Inc. acordó cancelar $ 2 millones a funcionarios de Ecuador y México para «ganar lucrativos contratos comerciales» y «obtener ventajas competitivas inadecuadas que resultaron en importantes ganancias ilícitas para la empresa”.

De esos $ 2 millones en coimas, según la investigación estadounidense, en el caso ecuatoriano se habrían pagado alrededor de $ 870.000 con el fin de «obtener y retener negocios para Trading Company», en especial, un contrato de $ 300 millones para la compra de fueloil. Vitol también habría aceptado que pagó sobornos en Brasil.

El principal acusado de los hechos relacionados con Ecuador es el mexicano Javier Aguilar, de 46 años. Él sería un comerciante que laboraba para la intermediaria Vitol y a quien el 22 de septiembre pasado un gran jurado federal en el Distrito Este de Nueva York emitió una acusación por su presunto papel en el esquema internacional de corrupción desplegado en Ecuador.

Aguilar enfrenta un proceso judicial por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), conspiración para cometer lavado de dinero y soborno de cinco años involucrando pagos corruptos a funcionarios ecuatorianos.

«Como se alega en documentos judiciales, entre aproximadamente 2015 y julio de 2020, (Javier) Aguilar y otros participaron en una conspiración para pagar y ocultar sobornos a funcionarios ecuatorianos de entonces, incluida la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador)», señalaba en septiembre pasado un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al igual que en 2016, la Fiscalía de Ecuador, antes con Galo Chiriboga a la cabeza y hoy con Diana Salazar al frente, inició una investigación previa sobre los hechos. Fiscalía en su cuenta de Twitter indicó: «Se devela un nuevo esquema de corrupción que involucra a varios países, entre ellos Ecuador. Gracias al intercambio de información entre la Fiscalía y las autoridades de Estados Unidos, se inicia una investigación previa».

Las investigaciones estadounidenses hablan de que «El Gordo” sería el código que usaba un funcionario ecuatoriano que supuestamente recibió sobornos del intermediario petrolero para asegurarse contratos con Petroecuador. En ninguno de los dos comunicados el Departamento de Justicia da a conocer el nombre de los funcionarios públicos involucrados, pero estarían plenamente identificados.

Además de Aguilar, sostiene la Fiscalía estadounidense, habrían sido parte del esquema de corrupción un funcionario de Petroecuador, otro del Ministerio de Hidrocarburos, dos consultores, un intermediario y una empresa consultora.

Por ejemplo, el expediente en Estados Unidos señala que en septiembre de 2016 Aguilar habría ordenado al “Consultor 2” enviar cartas de una empresa estatal de Omán al “Gordo”, considerado “Funcionario Ecuatoriano 1″ e identificado como un gerente de alto nivel de Petroecuador que estuvo en su cargo entre 2010 y 2017.

Según la acusación en Estados Unidos, en julio de 2018, el “Consultor 1”, quien sería un ciudadano ecuatoriano-estadounidense-español, y el “Consultor 2”, un ecuatoriano-español, enviaron $ 225.000 desde una cuenta en Islas Caimán a una cuenta en un banco de Portugal del “Funcionario Ecuatoriano 1”. El dinero habría pasado por bancos de Estados Unidos y la tarea de ambos consultores era facilitar el pago de sobornos a los funcionarios ecuatorianos.

El identificado como «Funcionario Ecuatoriano 2» habría ocupado varios cargos en el Ministerio de Hidrocarburos entre 2013 y 2016; mientras que como «Intermediario 1» se habría identificado a un ciudadano de Curazao que poseía varias empresas de papel y cuentas utilizadas en el pago de sobornos, y finalmente una empresa consultora creada en las Islas Vírgenes Británicas por los dos consultores parte de la trama de corrupción. (I)