Advertido sobre las responsabilidades que se originan en la presentación de una denuncia, la Fiscalía convocó, para el 14 de enero próximo, al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli a reconocer firma y rúbrica en la denuncia que colocó por el delito de peculado contra el contralor general subrogante, Pablo Celi.

Ese mismo 14 de enero, el exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa también deberá rendir versión en torno a la investigación previa abierta por la Fiscalía. La denuncia por el supuesto peculado fue presentada por la defensa de Pareja Yannuzzelli, Miguel Revelo, el 15 de julio de 2019.

Según Pareja Yannuzzelli, se presume que el contralor Celi incurrió en el delito de peculado al usar recursos públicos para la defensa jurídica en la querella que él le planteó el 10 de febrero de 2017. Según la denuncia, Celi recién el 28 de diciembre de 2017 señaló un nuevo domicilio judicial y electrónico, autorizando su defensa a un profesional particular.

«Se presume que el doctor Pablo Celi de la Torre, contralor general del Estado subrogante, ha utilizado hasta esa fecha recursos públicos del Estado para beneficiarse personalmente», señala la denuncia presentada en la Fiscalía.

En mayo de 2019, debido a que el contralor subrogante Pablo Celi no presentó justificativos para su inasistencia a la audiencia de conciliación y juzgamiento por la querella que implantó contra el exministro de Hidrocarburos, la jueza de Pichincha Ana Lucía Cevallos declaró en abandono el recurso interpuesto.

La querella planteada por Celi refería a las supuestas calumnias emitidas por Pareja Yannuzzelli en los denominados CapayaLeaks, videos hechos por el exfuncionario petrolero mientras permaneció en Miami, Estados Unidos, como prófugo de la justicia, pues era buscado por el delito de cohecho relacionado con un caso de corrupción ocurrido dentro de la estatal Petroecuador.

Carlos Pareja Yannuzzelli se mantiene recluido en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Tungurahua, ubicado en Ambato. Él cumple cinco sentencias por hechos relacionados con actos de corrupción: cohecho (cinco años), asociación ilícita (seis años), enriquecimiento ilícito (diez años), peculado (diez años) y tráfico de influencias (seis años y ocho meses).

Además está a la espera de que un Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia resuelva si es o no culpable del delito de peculado en el denominado caso Singue.

Por temas de bioseguridad, ambas diligencias se realizarán vía telemática desde el CRS de Tungurahua, usando las aplicaciones digitales definidas. Las autoridades del centro ya estarían advertidas de prestar las facilidades para las diligencias a las que delegó la fiscal general, Diana Salazar, al fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional número 1, Fabián Chávez. (I)