Además, dentro de esta sentencia se dispuso archivar la causa y devolver el proceso al juzgado de origen.



Punto Noticias.– El Tribunal de La Corte Constitucional inadmitió a trámite la demanda de acción extraordinaria de protección presentada por el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente, Jorge Glas y 15 sentenciados más dentro del Caso Sobornos.

La resolución la emitieron los jueces constitucionales Ramiro Ávila y Carmen Corral, parte del Tribunal de Admisión de la Corte.

De los 18 recursos presentados, únicamente dos fueron aceptados. Se trata de los presentados por los empresarios Rafael Córdova y Bolívar Sánchez, a quienes el Tribunal dio paso a este recurso extraordinario.

Además de los recursos del expresidente y exvicepresidente de la República, los pedidos de los exministros María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, el ex secretario Alexis Mera, los ex asambleístas Christian Viteri y Viviana Bonilla y la ex asesora de Presidencia, Pamela Martínez; así como los empresarios Víctor Fontana, Édgar Salas, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Ramiro Galarza, William Phillips y Mateo Choi también fueron rechazados.

Además, dentro de esta sentencia se dispuso archivar la causa y devolver el proceso al juzgado de origen.

🔴#ATENCIÓN | @CorteConstEcu inadmite a trámite la demanda de acción extraordinaria de protección presentada por @MashiRafael, dentro del #CasoSobornos.

Además, se ordena archivar la causa y devolver el proceso al juzgado de origen.

Vía: @enindefensionpic.twitter.com/CAw8RUypeq

— Pichincha Comunicaciones (@pichinchauniver) February 9, 2021

18 de los 20 sentenciados dentro de este caso presentaron estos recursos constitucionales ante el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia. Laura Terán, y el empresario Alberto Hidalgo, ambos sentenciados a tres y 32 meses, no presentaron esta acción extraordinaria de protección.

Sin embargo, para continuar con el proceso, el presidente de ese Tribunal, Iván León, dispuso que se remita el expediente original a la CC para su conocimiento y sirva de base para el análisis.

Con este procedimiento se buscaba la protección de los derechos constitucionales de los sentenciados, así como el cumplimiento del debido proceso en la sentencia emitida en primera instancia en abril del 2020 y que quedó en firme desde septiembre de ese mismo año.

Las personas involucradas denunciaron que sus derechos reconocidos en la Constitución fueron vulnerados, tras el fallo por el delito de cohecho pasivo agravado.

Fuente: El Universo