Activar una agenda legislativa de reactivación económica y de combate a la corrupción; fiscalizar las acciones del gobierno de Lenín Moreno; y, aplazar el receso legislativo son las principales medidas que adoptará la Asamblea Nacional para enfrentar la baja calificación de popularidad que le dan los ciudadanos.

Además, las bancadas políticas hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado para que acelere los procesos judiciales abiertos en contra de al menos 40 legisladores a quienes se indaga por 58 posibles delitos, como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, violación a la intimidad, robo, delito de discriminación y odio, peculado, intimidación, abuso sexual infantil, violación, concusión o cobro de diezmos, delincuencia organizada, asociación ilícita y usurpación de funciones públicas.

La encuestadora Clima Social, de Santiago Pérez, con base en una muestra de 2704 entrevistas, determinó que en agosto apenas el 3,3 % confía en el Parlamento; el 38,5 % confía poco; y el 57,3 % no confía nada.

En cambio, la empresa Market, de Blasco Peñaherrera, en el mismo mes de agosto realizó una muestra entre 760 personas y estableció que el 12,1 % otorga una buena calificación a la Asamblea, en tanto que el 87,9 % considera que es mala.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo (AP), indicó que históricamente la calificación de la institución que reflejan las encuestas siempre está ligada a la situación económica; por ejemplo, en el 2008 tras el boom petrolero subió su imagen.

Dijo que la mejor respuesta que dará la Función Legislativa es el trabajo y para ello establecerá una agenda con dos aristas fundamentales: proyectos para el desarrollo y productividad, cuyos informes deben salir de las comisiones; y la lucha contra la corrupción, a través de normativa que brinde herramientas a la justicia.

También César Rohón (PSC) comentó que la Asamblea lo que debe hacer es seguir trabajando y aprobar leyes relacionadas con el impulso de la producción y generación de empleo; y en el tema de fiscalización, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe calificar los procesos pendientes.

Internamente, indicó, los asambleístas que estén inmersos en actos de corrupción deben ser censurados y destituidos; y los otros que tienen procesos pendientes en la justicia ordinaria tienen que ser tramitados con mayor agilidad y en el momento dado, de encontrarse responsabilidad, la Asamblea levantar la inmunidad. “Nosotros no vamos de ninguna manera a dar un falso espíritu de cuerpo ante esta situación”, resaltó.

Sobre los procesos que están en la Fiscalía, dijo que lo importante es que se determinen responsabilidades en caso de que se comprueben las denuncias. Y en el tema anticorrupción volver a tramitar el proyecto de Ley Anticorrupción que fue vetado totalmente por el Ejecutivo y que ya pasó un año para que la Asamblea pueda aprobarlo directamente.

Ana Belén Marín (AP) señaló que muchos de los hechos por los que se señala a los asambleístas fueron cometidos antes de asumir el cargo; sin embargo, se debería acelerar el proceso de investigación para determinar si hay o no responsabilidad en los hechos denunciados.

Otro de los temas sobre los cuales se sigue discutiendo es la posibilidad o no de reestructurar la Comisión de Fiscalización, tomando en cuenta que dos de sus miembros enfrentan procesos en la justicia por corrupción. Sobre este tema no hay un acuerdo, pues algunos consideran que se debe cambiar a sus integrantes, y otros señalan que no hay normativa que permita la renovación casi al término del periodo legislativo.

Marín comentó que los únicos momentos en que se puede reestructurar una comisión es al inicio o a la mitad del periodo; por lo tanto, jurídicamente no se podría ejecutar el pedido, y además porque ya están principalizadas las asambleístas alternas de los dos que enfrentan casos ante la justicia, que son Daniel Mendoza y Eliseo Azuero.

Luis Pachala, coordinador de CREO, no está de acuerdo en que se reestructure la Comisión de Fiscalización, porque no hay norma que lo permita y si se lo hace como una acción política, habría que reestructurar todas aquellas en las que existan asambleístas que tienen procesos pendientes.

En legislación, Pachala destacó las decisiones de los bloques de realizar la votación en el pleno del proyecto de Código Orgánico de la Salud (COS); y que se abra una investigación interna a Eliseo Azuero y que el pleno conozca el informe sobre el caso de Mendoza. Además, dijo que se comprometieron a poner empeño en aprobar leyes para estabilizar la economía, fortalecer la dolarización y crear empleo. (I)