En Manabí piden que se desbarate red de corrupción en obras
Acogiendo los pedidos de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el juez Marco Rodríguez dictó prisión preventiva, retención de fondos de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes en contra del asambleísta Daniel Mendoza (AP) y del director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Edmundo Tamayo.
Similares medidas se dictaron contra otros tres procesados: Jennifer C., Tania S. y Ángel A. Además dictó arresto domiciliario y prohibición de salida del país para Olga M.
Esto, como parte de la investigación por el delito de delincuencia organizada, una estructura de corrupción que operaba en construcciones como la del hospital Básico de Pedernales, en Manabí.
Durante la audiencia, que se desarrolló la noche del viernes, la fiscal Salazar presentó quince elementos de convicción. Y asimismo, ella hizo un análisis de por qué pedía la prisión preventiva.
Dijo que se busca evitar que los procesados evadan la justicia, pues tienen un alto riesgo de fuga. Además argumentó que se trata de un delito grave contra la Administración Pública y que existiría una organización delictiva.
Explicó que Daniel Mendoza se valió de su cargo y cordinó acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí. Narró que hay chats en que otros involucrados le rinden cuentas al legislador.
Adicionalmente indicó que se encontraron altas sumas de dinero en manos del asesor del asambleísta y que en los computadores incautados en el Consorcio Pedernales – Manabí se hallaron registros y pagos a funcionarios públicos.
En esos documentos se dice claramente que se entregó dinero a Tamayo y Mendoza, aseguró la fiscal Diana Salazar.
Las detenciones son resultado de catorce allanamientos en Quito, Pichincha (dos), y Portoviejo y Bahía de Caráquez, en Manabí (doce), la noche del jueves 4 de junio.
En Manabí hay indignación por las serie de inconvenientes que se han dado en la construcción del hospital Básico de 30 camas en Pedernales.
Más aún cuando según la Contraloría General del Estado, aunque la construcción no tiene avances, la empresa a cargo de la edificación, Consorcio Pedernales Manabí, ya movilizó $7 321 724 del monto del contrato asignado por el Estado.
Daniel Mendoza, de Alianza PAIS, es asambleísta por Manabí, y por eso hay desazón.
Julio Villacreses, coordinador en Manabí de la Comisión Nacional Anticorrupción, expresó que a más de las acciones de la Fiscalía General del Estado en contra del legislador, desde el Ejecutivo también se debe dar una señal de rechazo a los presuntos nexos políticos que Mendoza tendría con cargos públicos en Manabí.
“Ahora la pelota está en la cancha de la ministra del Interior, María Paula Romo, para desbaratar todo el andamiaje administrativo que tiene Daniel Mendoza aquí en Manabí, comenzando por el gobernador”, indicó Villacreses, quien cree que ahora también la Fiscalía debe tomar acciones con otros legisladores manabitas.
Esto, dijo, porque ya han sido señalados en supuestos actos de cobro de diezmos y otros en la ubicación de familiares en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Con Villacreses coincidió el asambleísta Guillermo Celi, quien dijo que se debe desbaratar la estructura política que presuntamente Mendoza tiene en Manabí, por ello pidió transparencia al Gobierno.
“Robar en pandemia es un delito de lesa humanidad, siempre la corrupción será mala, pero en pandemia debe ser delito sin prescripción absoluta”, expuso Celi.
Indira Puertas Santana, hotelera de Pedernales, cree que los actos reñidos con la ley se han ensañado con Manabí y que la corrupción ha desvanecido la obra del hospital.
“Nos duelen estas denuncias porque acá hemos visto, durante años, sufrir a nuestras embarazadas cuando deben ser atendidas”, sostuvo. (I)
