Tres inconvenientes frenaron la intención de la defensa de los estudiantes del colegio Mejía de presentar una demanda contra policías, médicos y paramédicos por las agresiones que supuestamente recibieron los jóvenes el 18 de septiembre pasado, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía.

La primera fue la falta de consenso entre los abogados sobre el tipo penal; es decir, si la acción se presentaba por tortura o por trato discriminatorio, ambos delitos contemplados en el nuevo Código Penal.

La segunda, definir en contra de quién o quiénes debía plantearse la acción penal.

Hasta ayer la denuncia era por tortura y estaba dirigida a 2 oficiales, 2 cabos, 1 médico y 1 paramédico.

El jurista indicó que aún no se determina el grado de responsabilidad por acción u omisión que tuvieron las autoridades policiales e incluso el Ministerio del Interior.

El tercer impedimento fue la desconfianza que afirmó tener la defensa en el sistema judicial. Según Alomía, deben analizar las circunstancias políticas. “Pues hemos visto que otras denuncias sin la debida meditación tuvieron consecuencias nefastas para los afectados”.

Mañana acudirán a la audiencia sobre el pedido de impugnación a la orden de prisión dictada por la jueza de Garantías Penales, Daniela Mayorga, que efectuaron antes de que esta sentenciara a los chicos.