A reconocer su firma y rúbrica en su denuncia por el delito de destrucción de bien público fue llamado hoy a la Fiscalía Andrés Castillo, quien representa a un grupo de ciudadanos que presentó una denuncia penal contra varias personas, entre ellas Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC), y Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), debido a los daños provocados al patrimonio de la ciudad durante una marcha social.

El lunes 12 de octubre último, Vargas e Iza participaron de una marcha en Quito que terminó en enfrentamientos con la Policía. Esta se dio luego de la presentación de una denuncia en la Fiscalía para que el Estado ecuatoriano responda por los muertos y heridos que existieron en los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, durante las protestas de octubre del 2019.

Durante la protesta en rechazo a la conquista española, varios de los manifestantes lanzaron pintura roja sobre el monumento a Isabel la Católica, ubicado en la intersección de la avenida 12 de Octubre y calle Madrid, y luego con sogas intentaron retirar el monumento en acto de protesta. Ese hecho provocó una respuesta policial con gases lacrimógenos.

Ante los hechos, el 13 de octubre pasado, Castillo presentó en la Fiscalía dos denuncias por los delitos de odio y por destrucción de bien público. Él espera que la Fiscalía cumpla los tiempos y acciones especificadas en la Ley para estos dos delitos que son de acción pública y no suceda lo que ha pasado hasta el momento con los delitos y las denuncias presentadas por los hechos de octubre de 2019.

«Lo que buscamos es marcar un precedente. (…) Esta denuncia no es clasista, ni racista, ni sectaria. Esta es una denuncia ciudadana para hacer respetar a la ciudad, pues todo aquel que viene a protestar a Quito hace lo que quiere. (…) Como no tenemos autoridad, no tenemos quién nos defienda, evidentemente tenemos que defendernos los ciudadanos y no estoy haciendo un llamado a la violencia ni a la confrontación, nosotros haremos respetar a la ciudad de Quito con la Ley en la mano», sostuvo Castillo.

Desde el Municipio de Quito se informó que por los daños causados en bienes de la ciudad capital durante la marcha del 12 de octubre también se interpuso una denuncia para que investigue Fiscalía.

Por hechos ocurridos en octubre, pero del año pasado, por tercera ocasión y bajo prevenciones legales, la Fiscalía dispuso se presenten el 26 de octubre próximo a rendir versión Leonidas Iza y Jaime Vargas, quienes además son investigados de forma previa por el delito de secuestro, hecho ocurrido durante las protestas de 2019 en el interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en Quito.

Al momento de las protestas de octubre del año pasado, Vargas era el presidente de Conaie e Iza era el presidente del MICC. Ambos eran parte de quienes estuvieron al frente de la movilización de personas pertenecientes a comunidades de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas que llegaron a la capital a protestar por las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno.

El secuestro que se investiga se habría dado cuando varios dirigentes indígenas convocaron a una rueda de prensa e instantes después retuvieron a policías y periodistas en el interior de la CCE.

Vargas es convocado a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción número 2, ubicada en la avenida Juan León Mera y Patria, norte de Quito, a las 10:00; mientras que Leonidas Iza debe asistir a esa misma instancia de la Fiscalía a las 14:30.

Para ambos casos, la Fiscalía advierte en su impulso que en el caso de no comparecer ambos en la fecha y hora indicados, «se los podrá hacer comparecer por intermedio de la fuerza pública». (I)