A pocos días de cumplirse diez años de las muertes del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 en Quito, la Fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio contra los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera.

Luego de una audiencia de más de cuatro horas en la que la fiscal Claudia Romero dio a conocer los elementos de convicción con que contaba para acusar del delito de homicidio a los cinco oficiales, la jueza de lo Penal de Pichincha, Luz María Ortiz, dio inicio a una instrucción fiscal de 90 días en los que los acusados deberán presentarse periódicamente cada quince días y tienen prohibida salida del país.

La fiscal Romero aseguró que el interés de la Fiscalía es que se obtenga y se conozca la verdad de los hechos, pues existen derechos de las víctimas y sus familias a conocer lo que realmente sucedió el día en que murieron las tres personas en los alrededores de la avenida Mariana de Jesús y avenida Occidental, en el norte de la capital.

Los procesados cumplieron varias funciones durante la denominada Operación Rescate que estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas: Luis Castro fue el director del operativo militar para sacar del hospital de la Policía al entonces presidente Rafael Correa, Jorge Pana fue el director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Hegel Peñaherrera fue el comandante de la Primera División Shyris, Paúl Guzmán fue el comandante del Grupo Especial GEO y Jorge Merino fue el comandante del Grupo Especial de Comandos.

Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez Granda, asegura que quienes están siendo procesados son cinco oficiales de las Fuerzas Armadas que estaban al mando de la ilicitud de la intervención al Hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre de 2010. Según él, ellos participaron, estuvieron al frente y dieron disposiciones directas, mediante las cadenas de mando, para que incursionen mediante fusiles de guerra y munición letal.

«El único pedido que hace a las autoridades la familia Jiménez Granda es que esta nueva instrucción fiscal no sea una tomadura de pelo más o una pérdida de tiempo. No debemos olvidar que un señor fiscal llevó más de cinco años esta investigación, una persona que fue afín a un partido político y no hizo absolutamente nada», indicó el abogado de la familia del cabo de 28 años del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quien era parte de lequipo que evacuaba del Hospital de la Policía al expresidente Correa.

Por su parte, Paúl Ocaña, abogado del general Peñaherrera, considera que no existen argumentos para iniciar este proceso. Explicó que la Fiscalía ha determinado supuestamente la materialidad por la muerte de Jiménez, Panchi y Cortez, pero sobre la participación de los ahora procesados no se ha indicado nada.

«El Código Penal con el que están siendo procesados no determina una autoría mediata sino una autoría directa, por lo tanto deberían estar aquí las personas que presuntamente dispararon las armas con las que fueron asesinadas las personas. Eso no consta acá, entonces no sé cuál va a ser el nexo causal que tenga Fiscalía para presentar a la jueza en el momento dado», apuntó Ocaña. (I)