A poco de cumplirse la mitad de los 90 días ordenados para la instrucción fiscal por el homicidio cometido contra el policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, durante la revuelta del 30 de septiembre (30-S) de 2010, la fiscal Claudia Romero continúa con la toma de versiones y apunta a pericias de análisis documental, seguridad interna y derecho constitucional para obtener elementos de convicción que fortalezcan su teoría del caso.

Para la mañana del miércoles 4 de noviembre estaban convocados por segunda ocasión a rendir su versión el expresidente Rafael Correa; el general Leonardo Barreiro, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y el contralmirante Aland Molestina, excomandante de la Armada, pero solo se conectaron de forma telemática para la diligencia los dos últimos.

Fausto Jarrín, abogado de Correa en el caso Sobornos 2012-2016, aseguró que el exmandatario en estricto derecho no fue notificado para ninguna versión. Calificó de «arbitrariedad» que se le notifique a él en este caso y más en horas de la madrugada del mismo día en que se había definido la versión. Pese a ello adelantó que si se les convoca de la forma correcta asistirán a las versiones que sean.

Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, cree que es importante la versión de Rafael Correa, principalmente para dilucidar lo dicho en versiones por algunos de los procesados y otras personas en el sentido de que la disposición para intervenir en el hospital de la Policía la noche del 30-S vino mediante una cadena de mando desde los entonces presidente Correa y el ministro de Defensa.

«Fiscalía necesita escuchar a Rafael Correa para que él proporcione información adicional sobre si son verdad o no las aseveraciones que se están haciendo en fase de instrucción fiscal», dijo Romero.

Jarrín piensa que una vez más se pretende involucrar en este caso a Correa y hacer coincidir todos estos procesos con la campaña electoral para favorecer a otros candidatos.

El 24 de septiembre pasado, en este caso se formularon cargos contra los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera.

La defensa de este último oficial, Paúl Ocaña, sostiene que Correa podría dilucidar temas como quién ordenó que se haga el rescate en el hospital de la Policía, cómo y a qué hora se lo hizo.

Pese a ello recuerda que este proceso debe ajustarse a las normativas del Código Penal anterior, es decir, en cuanto a participación las figuras que existían eran autor, cómplice y encubridor, y hoy en el vigente Código Orgánico Integral Penal existen las figuras de coautor, autor mediato, autor.

«Mi criterio jurídico es que no se podría determinar que en el caso de los homicidios investigados se pueda involucrar a una participación del expresidente Rafael Correa o la cadena de mando si no es un acto directo sobre la presunta participación de autoría. Primero se debería identificar qué personas son las que supuestamente dispararon las armas con las que se mató a las tres víctimas», explicó Ocaña.

Para la tarde también fueron llamados a rendir versión el exministro del correato Ricardo Patiño y siete coroneles más. Para Patiño, quien se encuentra en México, esta era la segunda oportunidad en la que era llamado a versionar y no asistió. (I)