A ocho meses de que el Tribunal de Juicio ordenó que en el caso Sobornos 2012-2016 los 20 sentenciados por cohecho coloquen una placa en el Palacio de Carondelet, centro de Quito, que en kichwa y español recuerde que «los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente» y que «el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética», la Procuraduría General del Estado (PGE) ayer cumplió con la disposición.

Una manta negra ubicada en la pared nororiental de Carondelet, sobre la calle Chile, muy cerca de la intersección con la calle García Moreno, hacía saber el lugar donde quedará la placa que es parte de la reparación simbólica que sentenciados como el expresidente Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glas, su secretario jurídico Alexis Mera, otros siete exfuncionarios públicos de su gobierno y diez empresarios debían dar al Estado ecuatoriano como víctima del acto de corrupción cometido.

El procurador general, Íñigo Salvador, aclaraba que este no era un acto de celebración, sino una diligencia judicial por un hecho de corrupción en el que participaron altos funcionarios de Estado.

Recordaba que en la fachada frontal del Palacio de Gobierno existen placas que conmemoran hechos históricos, por ejemplo, el que Simón Bolívar en julio de 1822, después de la batalla de Pichincha, estuvo en Carondelet, la conmemoración del centenario del nacimiento de Abdón Calderón, una placa que recuerda el asesinato del presidente García Moreno o la visita del papa Juan Pablo II.

Según él, esas placas fueron develadas dentro de actos multitudinarios, pero que esta vez lo que existe es una diligencia judicial que muestra que «en este país se cumple la ley».

«Esta es una placa de la ignominia, esta es una placa en donde queda constancia, para las futuras generaciones, que los más altos personeros de un país cometieron un delito: recibieron coimas y con esas coimas se beneficiaron personalmente o pretendieron perennizar a su movimiento político en este país. Y por otro lado, un número importante de empresarios que recibieron contratos o pagos a cambio de esas coimas», señaló.

En la diligencia estuvo presente el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León, presidente del Tribunal de Ejecución de la sentencia en firme por cohecho pasivo agravado, que delegó a la PGE, mediante una providencia notificada la tarde del viernes último, los preparativos y la colocación de la placa, a costo de los condenados.

Salvador aseguró que la PGE continuará persiguiendo la ejecución del resto de la sentencia y aclaró que en este momento las instituciones respectivas del Estado están buscando la orden de difusión roja en Interpol y cuando llegue el momento de ser detenidos se iniciarán los procesos de extradición que son de competencia de la presidencia de la CNJ y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sobre el pago de las reparaciones económicas que en total suman $ 14,7 millones, el procurador informó que la mayoría de los condenados no han cancelado. Explicó que su institución se opuso a una propuesta de pago con mediación en la PGE, como la hecha por el empresario Rafael Córdova, pues el procedimiento determina que la fórmula de pago tiene que ser hecha en audiencia, ante los jueces de Ejecución.

La defensa de Córdova, Segundo García, califica las acciones de la Procuraduría como populismo penal y dice no entender cómo se quiere cobrar si se hace una propuesta y esta es rechazada. Respecto de este punto, lo que restaría es que el Tribunal fije una fecha para una audiencia según los condenados vayan planteando fórmulas para pagar la indemnización a favor del Estado.

En lo que tiene que ver con comiso y embargo de bienes, Íñigo Salvador asegura que en la providencia del viernes último el Tribunal ordena que aquellos bienes que la PGE había enlistado en su escrito de inicios de noviembre pasado y que constan en los Registros de la Propiedad y Registros Mercantiles de la República, puedan ser ya embargados.

El procurador general tiene claro que se deberá ir ciudad por ciudad para encontrar uno por uno los bienes que ya están identificados. Resaltó el hecho de que el Tribunal de la CNJ solicitó a los Registros de Propiedad y Mercantiles de todo el país que verifiquen bienes a nombre de los sentenciados para proceder con su embargo hacia futuro.

La hermana del exmandatario sentenciado, Pierina Correa, en su cuenta de Twitter aclaró: «Ante el nuevo atropello y muestra de escarnio y odio al pretender embargar bienes a mi hermano Rafael, bienes que, el uno (la casa en Quito), pertenece a sus hijos». Mientras, Rafael Correa escribía: «38 procesos penales, cierre de cuentas, suspensión de pensión vitalicia, embargo de bienes… ¿Recuerdan una persecución tan brutal?

«Este proceso la PGE lo aborda inmediatamente y en las próximas semanas se espera ya informar que se ha procedido a esos embargos. (…) Los bienes embargados deben salir a remate y una vez que se vendan, con cargo a los resultados de esta venta, será que el Estado se haga pago de las correspondientes indemnizaciones en los montos ya referidos», concluyó Salvador. (I)

FRASES:

«Se recordará que nadie está por encima de la ley. El hecho de estar escudado en un altísimo cargo público no es garantía de impunidad y que tarde o temprano la justicia llega». Procurador general del Estado, Íñigo Salvador.

¿Alguien recuerda una ridiculez así? Ya no hay museo ni visitantes en Carondelet, pero sí placas de la infamia. Pronto estará en el basurero…». Expresidente Rafael Correa.