A la Corte Nacional de Justicia (CNJ) llegaron, la mañana de este martes, el exlegislador Daniel Mendoza, su exasistente Jean Carlos Benavides; Franklin Calderón, alias banquero; y José Véliz Santos, parte del Consorcio Pedernales-Manabí, para rendir sus testimonios anticipados dentro del proceso que investiga una delincuencia organizada que habría ocurrido en el proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales, en la provincia de Manabí.

Mendoza llegó en un vehículo de color negro con vidrios polarizados desde la Cárcel 4, ubicada al norte de Quito, mientras que el resto de procesados en esta causa llegaron de otros Centros de Rehabilitación Social, como el de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Todos llegaron custodiados de agentes policiales y seguridad penitenciaria.

La diligencia se dará desde las 11:00 ante el juez de la CNJ Marco Rodríguez, quien dio paso al pedido hecho por la fiscal general Diana Salazar, el 24 de septiembre pasado, para escuchar los testimonios anticipados de cuatro de los 19 procesados en esta causa penal abierta en junio pasado.

Mendoza, Benavides, Calderón y Véliz actualmente se encuentran ingresados en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

La delincuencia organizada que la Fiscalía investiga en este caso tiene que ver con irregularidades cometidas dentro del proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales de 30 camas en la provincia de Manabí. Hasta el momento en la causa se procesa a 19 personas, entre ellas, el también exasambleísta Eliseo Azuero y el exdirector del Servicio Nacional de Contratación de Obras (Secob).

Jorge Luis Ortega, abogado del procesado Jorge Jalil, a su llegada a la CNJ dijo que la Fiscalía una vez más es engañada porque quienes van a rendir el testimonio anticipado, violando el reglamento a Protección de Víctimas y Testigos y la ley, que justifique la calidad de testigos protegidos que les permita rendir un testimonio anticipado, son los únicos responsables del ilícito que investiga la Fiscalía General.

«Como abogados defensores del ingeniero Jorge Jalil, quien cumpliendo sus funciones legales y constitucionales, suscribe un contrato con el Consorcio (Pedernales-Manabí), lejos de saber o conocer que tras este existía estas comisiones que debían llegar a ciertas personas, que dicho sea de paso, ni si quiera están siendo invesigadas por la Fiscalía», apuntó Ortega. (I)