A excepción del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), las fuerzas políticas que actúan en la Asamblea Nacional no quieren anticipar su criterio y menos el voto respecto al juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que pasó a definición en el pleno del Legislativo.

El informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el juicio político a la funcionaria fue notificado ayer en la tarde a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Según lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 83, será el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), quien dispondrá a la secretaría general la difusión del informe. Transcurridas 48 horas, tendrá cinco días para incorporarlo en el orden del día.

Ante la Comisión de Fiscalización, los correístas Bairon Valle y Esteban Melo señalaron que la ministra presentó pruebas suficientes para desvirtuar las acusaciones de incumplimiento de sus funciones que son causales de la interpelación; estas se refieren al uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las manifestaciones de octubre del año pasado, así como el lanzamiento de bombas a los sitios de paz en las universidades de Quito.

Valle añadió que la funcionaria “con arrogancia y prepotencia” jamás dijo que el exabrupto de lanzar bombas lacrimógenas en los centros de paz fue investigado y sancionado por parte del Gobierno. Por lo tanto, indicó que la ministra incumplió con sus funciones y debe ser censurada y destituida del cargo.

Vicente Almeyda (PSC) comentó que se valorarán las pruebas y, sobre todo, las dudas que deja la funcionaria frente a los hechos de octubre del 2019. La decisión tomada como bloque, añadió, fue que el proceso pase al pleno, y que se escucharán los argumentos de descargo de la funcionaria.

Comentó que es un error que la ministra de Gobierno haya empezado a acusar al Parlamento en lugar que asumir una defensa con altura. La Asamblea aún no la ha censurado, advirtió, sino que la ha llamado a que comparezca y serán sus pruebas las que determinarán la votación.

Decir que el juicio político en su contra es pretender escudar a los dirigentes indígenas que lideraron el paro, Leonidas Iza y Jaime Vargas, es una simple excusa para no comparecer. “El PSC condena los actos vandálicos ocurridos en octubre del año pasado y nunca estará del lado de Iza o Vargas, pero no se puede admitir el concepto de que si se vota en contra de la ministra es votar a favor de los dos dirigentes indígenas”, anotó.

El jefe de la bancada de CREO, Luis Pachala, indicó que la próxima semana habrá una reunión entre los miembros del bloque para conocer de cerca los fundamentos del juicio político y además se definirá una posición, pero que la decisión que asuman será de consenso.

Comentó que respetan la posición asumida por los asambleístas Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña, sus delegados ante la Comisión de Fiscalización, respecto a su voto para que el informe pase al pleno. “Tendrán sus razones y serán escuchados”, dijo.

Pachala comentó que se analizarán las intenciones políticas que existen tras este juicio, pues se tiene que determinar si es contra la ministra o en contra de la fuerza pública y la democracia que estuvo en riesgo en octubre de 2019. Se evaluarán las pruebas presentadas en el proceso y luego tomarán la decisión.

En la bancada de Alianza PAIS se informó que la próxima semana se prevé una reunión para conocer el informe presentado por la Comisión de Fiscalización y luego tomarán una decisión respecto al juicio.

Franco Romero (BADI) dijo, en cambio, que por las pruebas presentadas no se configura un incumplimiento de funciones por parte de la ministra. (I)