A decir del analista Oswaldo Landázuri, en cambio, la falta de reglas claras para los inversionistas.

Punto Noticias. El Estado ecuatoriano deberá pagar USD 435 millones a la petrolera Perenco, según la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial (Ciadi). Perenco invocó la violación de los contratos y del Tratado Bilateral de Inversión, suscrito el 9 de julio de 1994 entre Ecuador y Francia, durante la presidencia de Sixto Durán Ballén.

Oswaldo Landázuri, analista económico, recordó que, entre los años 2006-2007, el petróleo subió de precio y varias voces reclamaron que las petroleras ganaban más de la cuenta, por lo que se debían renegociar los contratos.

A su criterio, lo que sucedió es que se plantearon nuevas reglas para los inversionistas, sin tomar en cuenta que esto podía acarrear contingencias, como las demandas de las empresas que explotaban el petróleo.

La Ley 42, de 2006, del gobierno de Alfredo Palacio, estableció una participación mínima del 50% del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo. Mediante Decreto 662, de 2007, el entonces presidente Rafael Correa incrementó al 80% esa participación, cuando los precios internacionales del petróleo gozaban de una importante alza.

El error de ese régimen, en opinión de Landázuri, es haber creído que, aunque las petroleras demandaran al Estado, el negocio resultaba favorable para el país, porque recibiría una gran cantidad de recursos con el aumento del precio del crudo en el mercado internacional.

El experto considera que hay que analizar con seriedad las relaciones internacionales, sin que ello signifique venderse a las multinacionales, que buscan sacar el mayor provecho posible.

Anota que países como Chile, Colombia no están metidos en estos líos, porque las reglas son claras y las condiciones establecidas para los inversionistas también. Si hay que renegociar los contratos, lo cual es probable, porque el precio del petróleo es fluctuante, hay que hacerlo bien, sentenció.

Mientras tanto, Sebastián Espinosa, jurista y académico, considera que una de las principales causas para que se presenten casos como el de Perenco es la predisposición que tiene Ecuador para suscribir los tratados bilaterales de inversión (TBI).

Cuestionó que, sin realizar ninguna valoración del beneficio, el país firmó 30 TBI, de los cuales ninguno fue provechoso para nuestra nación, según las investigaciones realizadas por la Cancillería, que reposan en los archivos históricos.

Señala que hay muy poca evidencia para comprender cuáles fueron las motivaciones para suscribir estos tratados, que permiten que inversionistas puedan demandar directamente al Estado, ante lo que consideran violación al contrato, pero también ante cualquier política pública, ley, sentencia, regulación, con la que se pueden sentir afectados. Algo sin paralelo en el derecho internacional, sostiene.

Destaca que Ecuador no se ha cerrado al arbitraje internacional ni ha someterse a jurisdicción extranjera, sino a que, a través de un tratado internacional, se pueda establecer la responsabilidad del Estado frente a cualquier tipo de política o medida que este tome, porque no tiene ningún tipo de control sobre esta.