A criterio del experto, hay una pugna política al interior del organismo.

Punto Noticias. Juan Montaña, abogado, especialista en Derecho Constitucional, objetó la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que impide que el Gobierno Nacional devuelva los recursos que recortó del presupuesto de las universidades.

El experto explicó que la CC desestimó las acciones de incumplimiento por parte del Ministerio de Finanzas, demandadas por una enorme cantidad de ciudadanos, al considerar que la circular que disponía la modificación del presupuesto para las universidades no vulneró el dictamen de constitucionalidad que avaló la declaratoria de estado de excepción, por la pandemia de covid.

Para Montaño, la sentencia refleja, muy claramente, el grave conflicto político que existe al interior de la Corte, entre unos jueces académicos, técnicos, convencidos del papel de garantes de derechos y de la supremacía de la Constitución, versus los jueces políticos, encabezados por el presidente de la Corte, que conciben el trabajo como defensores de oficio del Estado y del Gobierno.

La resolución fue aprobada por la mayoría de los magistrados constitucionales, a pesar de que la misma Corte concedió medidas cautelares, el pasado 12 de mayo del 2020 para evitar que Finanzas recortara el presupuesto de las instituciones de educación superior estatales.

Por ello es que a Montaño le sorprende que los jueces de la CC hayan decidido revocar su propia resolución de conceder medidas cautelares. Comparte el criterio con quienes califican de contradictoria la sentencia de la CC, porque los conocedores del mundo judicial saben que cuando hay una suspensión provisional, con medidas cautelares, lo normal que sucede es que van a dar con lugar la demanda.

El abogado constitucionalista contó que hay una segunda sentencia de misma fecha que la primera, 31 de agosto de este mismo año, que declara, con ponencia del juez Agustín Grijalva, la inconstitucionalidad de esta famosa circular del Ministerio de Finanzas, alegando la vulneración del principio de autonomía presupuestaria y financiera de las universidades y escuelas politécnicas, relacionada con las modificaciones presupuestarias.

Para Montaña, lo lógico es que las dos sentencias debían haberse pronunciado en el mismo sentido, pero no se hace así porque, si la CC hubiera declarado con lugar la demanda de incumplimiento, el ministerio tendría que inmediatamente devolverles la plata a las universidades.

En la sentencia de inconstitucionalidad, que es más general, no ordena devolver la plata, por lo que las universidades tendrán que apelar a la resistencia y a una negociación con Finanzas, para recuperar los recursos que les fueron quitados, a decir del constitucionalista.