Ayer el diputado de Miranda por Primero Justicia Juan Carlos Caldera se sentó en el banquillo de los acusados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para defenderse de dos acusaciones en su contra. Una por presunta suposición de valimiento y la otra por presunta legitimación de capitales.

Al salir del antejuicio de mérito en su contra, el diputado Juan Carlos Caldera aseguró que la única intención del TSJ es cortarle la cabeza políticamente. Aseguró que es un caso montado para perseguirlo, y que no existe interés en averiguar la verdad.

«Me quieren acusar de legitimación de capitales, lo que implica 15 años de prisión. Pero voy a demostrar que soy completamente inocente», expresó.

El diputado lamentó que solo lo investiguen a él, sin que haya preocupación por averiguar quién le entregó el dinero y por qué se lo dieron, y criticó que no se presentarán Heliodoro Quintero, Wilmer Ruperti ni Erick Peña, quienes también se encuentran implicados en el caso.

El Ministerio Público expuso los argumentos para solicitar la declaratoria de mérito con el fin de iniciar un proceso penal contra el diputado, lo que requeriría de la pérdida de su inmunidad parlamentaria.

Caldera será el tercer diputado de oposición en someterse a antejuicio de mérito desde 2011, luego de que la Fiscalía General y el TSJ, basados en acusaciones y expedientes promovidos por el PSUV, sentaran en la misma silla a su compañero de partido Richard Mardo y la diputada disidente del oficialismo, María Aranguren.

El diputado mirandino, integrante de la comisión de Política Interior y de la extinta Comisión Presidencial para el Desarme, se enfrentará a la posibilidad de convertirse en el tercer parlamentario despojado de su inmunidad y sometido a juicio bajo la presidencia de Diosdado Cabello al frente del Legislativo.

Aunque su eventual separación temporal del cargo no significaría un cambio en la correlación de fuerzas dentro del Parlamento (su suplente es José Antonio España, de PJ), constituiría un golpe a los 122.847 electores que lo escogieron para el cargo con 60% de los votos en septiembre de 2010.

¿Será el 33? Si Caldera fuera desaforado por la Asamblea Nacional, se convertiría en el parlamentario número 33 en dejar la curul desde 2011, el vigésimo quinto diputado principal en salir del cargo y en el séptimo de la bancada opositora en abandonar el Parlamento.

La bancada de la MUD al día de hoy cuenta con 62 diputados, tres menos que en 2011, luego de que tres diputados principales saltaron la talanquera (Hernán Núñez, William Ojeda, Jesús Paraqueima); dos fueron pasados a juicio (Mardo y Aranguren); otros dos, principal y suplente, fueron electos alcaldes (Mervin Méndez y Ender Pino); y uno fue expulsado por la junta directiva (María Corina Machado). Además, Gustavo Marcano (suplente por Anzoátegui) y Alfredo Ramos (principal por Lara) fueron electos alcaldes.

Pero solo los casos de Aranguren (suplente pesuvista), Machado (suplente disidente que vota con el PSUV) y de Méndez y Pino (la circunscripción 11 de Zulia se quedó sin representante) significaron pérdida de votos.

Miraflores llama. Del lado oficialista, el matiz de los cambios ha sido diferente. 25 chavistas han dejado el Parlamento en 4 años: 17 de manera definitiva (14 son principales y 3 son suplentes) y 6 de forma temporal.

En algunos casos fueron llamados por el Ejecutivo para ocupar ministerios (Érika Farías, Iris Varela, Héctor Navarro), dirigir entes del Estado (Luis Reyes, Rafael Gil) o ser procuradores (Carlos Escarrá, Cilia Flores). Otros fueron electos gobernadores (Luis Acuña, Francisco Arias, Aristóbulo Istúriz, Alexis Ramírez, Yelitze Santaella) o alcaldes (Maigualida Santana, Raúl Álvarez, Michael Reyes, Miguel Valecillos).

Está el caso singular del diputado Adel el Sabayar, que el año pasado fue autorizado para irse a combatir en Siria, aunque esa causal no está prevista en el artículo 20 del Reglamento Interior, y quedó asentado en el acta de asistencias como «permiso por muerte de familiar».

Por último, el inédito y lamentable asesinato Robert Serra también implicó un movimiento dentro de la bancada

roja, mas no significó la pérdida de la curul, que la asumió el suplente del diputado, que también es del PSUV.

No piden permiso. De los siete parlamentarios oficialistas con salida temporal, dos eran principales (Jesús Graterol, Andrés Eloy Méndez), y cinco suplentes (Desirée Santos, Alejandra Benítez, Francisco Torrealba, José Rangel Ávalos, Lídice Altuve).

Graterol, Méndez, Torrealba y Santos fueron llamados por el Ejecutivo para dirigir entes del Estado, mientras que Benítez, Rangel y Altuve fueron designados para ser ministros o viceministros.

En todos los casos se trata de cargos a dedicación exclusiva, sin embargo ninguno perdió su investidura, no solicitaron autorización temporal y durante el tiempo que ocuparon u ocupan el cargo ejecutivo siguen apareciendo en la lista de asistencia de la AN como suplentes activos, solo que no se incorporan a las plenarias.

Varas diferentes

Los procedimientos aplicados por la Asamblea Nacional y la Fiscalía en casos similares son dierentes:

-En octubre de 2012, la oposición solicitó a la Comisión de Contraloría y ante la Fiscalía una investigación contra el diputado julio Chávez (PSUV), por su gestión en la Alcaldía de Torres. La comisión descartó la averiguación por considerar que no es su competencia calificar a los diputados, y la segunda no respondió.

-En agosto de 2013 el diputado del PSUV Adel el Sabayar envió una carta para solicitar autorización para separarse del cargo y unirse a las tropas sirias, en guerra con rebeldes, causa no establecida por el Reglamento. Aún así fue autorizado. La semana pasada el diputado Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela) solicitó autorización para ausentarse 31 días de la cámara por temer por su vida, pero la directiva se la negó porque no la presentó en persona y porque el Reglamento no prevé esa causal. En marzo de 2014 la diputada María Corina Machado fue nombrada embajadora alterna de Panamá en la OEA y la directiva de la AN la destituyó.

La cantera de recambio

Xavier Rodríguez Franco, politólogo especialista de Derecho Parlamentario Comparado, señaló que la práctica de usar el Parlamento como cantera del Ejecutivo no fue implementada por Chávez y copiada por Maduro, sino que también se registró antes de 1999. «Era común, pero menos recurrente. Es un rasgo típico de la revolución el usar la AN como un espacio de recambio de sus cuadros políticos y directivos, tanto para candidaturas como para el gabinete», afirmó.

Destacó además que no es una práctica exclusiva de Venezuela, pero que en otros países de la región está mejor regulada, sobre todo en lo concerniente a los diputados suplentes.

«En muchos países la carrera política de los dirigentes comienza en los parlamentos. Nuestra legislación no restringe que un diputado sea nombrado ministro, viceministro o director de un ente. Lo que sí restringe es que ejerza varias funciones. Para ello se establece el mecanismo de la autorización, que implica una separación del cargo», explicó.

«Por ejemplo, Adel el Sabayar se alistó en un ejército extranjero en 2013, Desirée Santos fue nombrada directora de Radio Nacional de Venezuela en 2012, Alejandra Benítez fue ministra del Deporte en 2013, ninguno llegó a dejar el cargo de diputado nunca. Ese tipo de situaciones están claramente prohibidas en la legislación, pero en la práctica se diluye», agregó.

El allanamiento

Los diputados a la Asamblea Nacional gozan de prerrogativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución. Antes de ser sometidos a una investigación penal, el Ministerio Público debe recibir la solicitud de averiguación de quienes se consideren afectados por sus actuaciones (a menos que se trate de delito de flagrancia), iniciar la investigación y enviar los resultados al Tribunal Supremo de Justicia. Si los elementos resultan convincentes, el TSJ convoca al diputado a una audiencia de antejuicio de mérito; si en la misma determina que existen elementos para retirarle la inmunidad, debe remitir un oficio al Parlamento. El Parlamento debe designar una comisión especial que dispondría de 30 días para presentar un informe que señale si hay elementos para levantar la inmunidad. El informe se debate y se vota. Para aprobarlo se requiere el voto de una mayoría simple, es decir, 82 legisladores a favor. Si se logra, el diputado pierde la inmunidad, se desincorpora de sus funciones y asume el suplente. El diputado va a juicio pero no pierde la investidura, a menos que se determine su culpabilidad. Si se concluye su inocencia, se reincorpora a la AN.

Cronología del caso Caldera

13-09-2012: El diputado Julio Chávez (PSUV) muestra un video en el que se ve a Caldera recibir dinero. Henrique Capriles lo excluye del comando de campaña opositor. Caldera admite haber recibido el dinero de parte del empresario Wilmer Ruperti para su campaña electoral como candidato a alcalde.

17-09-2012: Representantes de Clase Media Socialista denuncian a Caldera ante la Fiscalía General por presunta corrupción.

18-09-2012: Plenaria de la Asamblea designa comisión especial. Caldera anuncia que se despoja de su inmunidad voluntariamente para ser investigado, pero la directiva rechaza la iniciativa.

26-09-12: Estaba prevista su interpelación por la comisión, pero fue suspendida.

02-10-12: La comisión especial se reúne con la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien designa a dos fiscales para investigar.

01-11-12: Presidente de la comisión especial Elvis Amoroso (PSUV) dice que el informe final será presentado a plenaria en la semana del 12 al 16 de noviembre de 2012. Eso nunca ocurrió.

04-03-2013: La fiscal Gineira Rodríguez pide a Ortega Díaz estudiar la pertinencia de solicitar al TSJ el enjuiciamiento de Caldera.

20-05-2013: La fiscal Ortega Díaz solicitó al TSJ el antejuicio de mérito contra Caldera, por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimento y legitimación de capitales. Ese mismo día la oposición había difundido el audio de Mario Silva.

10-10-2014: Cinco días antes del debate definitivo en la Asamblea para designar el Comité de Postulaciones del Poder Electoral, la Sala Plena del TSJ fijó para el 23 de octubre, a las 10:00 am, la audiencia oral de antejuicio de mérito por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales.