24 horas duró la medida de hecho, pues uno de sus dirigentes fue detenido, sin embargo la población continuó con el paro a escala nacional.

Luego de que el Gobierno anunció el decreto 883 el 2 septiembre, al día siguiente las federaciones de transporte del Ecuador que incluye a sectores del taxismo, transporte pesado, pasajeros, escolares, institucionales, turismo y grúas, anunciaron una paralización de actividades pues sentían que la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y diésel, afectaría a sus ingresos ya golpeados.

Fue Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip) el encargado de informar que la medida iniciaría a las 00:00 de ese día, donde ningún medio de transporte público y comercial saldría a operar hasta que el régimen derogue el decreto.

Esa decisión del sector desencadenó una serie de medidas de hecho de toda la población que ya venía golpeada en su bolsillo con las medidas económicas que se adoptaron desde que Richard Martínez fue nombrado Ministro de Finanzas en mayo de 2018.

Martínez mencionaba la posibilidad de que las comercializadoras privadas importen directamente el combustible, tema que fue retomado en mayo de este 2020 con el decreto 1054 cuyo efecto no fue sentido por los consumidores debido a que el precio del petróleo fue impactado en el marco de la pandemia del covid19.

Pese a ello, las autoridades desde hace poco más de cuatro meses van alertando a la población de que la liberalización “controlada de los precios de los derivados y de la importación de combustibles para que empresas privadas participen en el negocio avanza a paso firme. Tal es así que el 24 de septiembre de este mismo año se emitió un nuevo decreto 1158 para reforzar esta última resolución que va de la mano con el proceso de concesión de la Refinería de Esmeraldas.

En todo caso, el 3 de octubre de 2019 esta medida provocó que el país amaneciera no solo con la paralización del servicio de transporte público y comercial sino con el cierre de carreteras.

Para el 4 de octubre, un día después de las medidas de hecho, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Jorge Calderón, dirigente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis).

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, advertía a través de su cuenta de twitter que Calderón fue detenido por el supuesto delito de paralización de servicio público y que las autoridades trabajaban por recuperar la normalidad en el Ecuador.

Romo incluyó en su publicación, el artículo 364 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece pena privativa de la libertad de uno a tres años a «la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o se tome por fuerza un edificio o instalación pública».

Frente a ello y al sentirse amenazados por lo que podría pasarles, el gremio de transportistas, ese mismo día dio por terminado el paro de actividades y dejó en manos del Gobierno nacional las acciones que podrían tomarse para compensar el incremento del precio de las gasolinas, lo cual, dijeron, conllevaría a un alza en los pasajes.

Es así que tras 19 días de permanecer detenido, Calderón salió de la cárcel 4 ubicada al norte de Quito, pues horas antes, dos jueces del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha dejaron sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra. La Fiscalía señaló que la decisión judicial se tomó pese a que el personal que investigó el caso fundamentó “la necesidad de mantener la prisión preventiva”. Desde entonces el dirigente del taxismo no ha vuelto a pronunciarse frente a ninguna medida económica del Gobierno, pues aún enfrenta un proceso judicial.

Pese a esto, el paro a escala nacional de todos los sectores continúo por lo que los transportistas no salieron a laborar por falta de garantías y seguridad, las camionetas y furgonetas fueron algunas de las alternativas de la ciudadanía en la capital, todo esto hasta el 14 de octubre donde el país regresaba a una relativa normalidad, pues el día anterior el movimiento Indígena y el Gobierno anunciaban un acuerdo con la derogatoria del decreto 883 y el inicio de un dialogo que terminó fracturándose debido a que el régimen no acogió ninguna propuesta alternativa de los sectores populares y organizaciones sociales.

Fuente: Pichincha Universal / Redes Sociales