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Robots asesinos, una tecnología que despierta alarmas

Los robots asesinos, máquinas capaces de matar sin la intervención humana, solo existen de momento en la ciencia ficción pero el desarrollo de la tecnología para construirlos alarma a los defensores de los derechos humanos.

“La tecnología avanza muy rápido en esa dirección. Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Rusia, China y Corea del Sur han desarrollado o desplegado precursores de estas armas”, explicó a Efe Bonnie Docherty, investigadora especialista en armamento de Human Rights Watch (HRW).

Docherty es la autora principal de un informe reciente de esa organización y la Universidad de Harvard en el que se pide la prohibición del desarrollo, producción y uso de las armas letales autónomas, conocidas como robots asesinos.

“Aunque los expertos no se ponen de acuerdo en pronosticar cuándo estas armas podían materializarse, sí coinciden en que su desarrollo es factible y probable si no se dan los pasos necesarios para detenerlo”, comentó la investigadora.

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La tesis detrás de esta urgencia es que la prohibición debe llegar antes de que los gobiernos hayan invertido tanto en tecnología para desarrollar estas armas como para no querer dar marcha atrás.

“Si el desarrollo no se detiene lo antes posible, existe además el riesgo de que versiones preliminares se usen de manera prematura o caigan en manos de grupos armados sin respeto a la ley”, argumentó Docherty.

“La comunidad internacional ya consideró importante en el pasado prohibir ciertos tipos de armas de manera preventiva. En 1995 la ONU prohibió las armas que producen ceguera antes de que se comenzaran a usar”, añadió.

A diferencia de los polémicos “drones” -aviones no tripulados-, los robots asesinos no precisan de la intervención humana: pueden seleccionar y atacar objetivos de manera autónoma.

“Estos dos tipos de armas despiertan distintos temores. Pero el uso de los drones demuestra que los ejércitos cada vez confían más en la tecnología autónoma”, señaló Docherty.

Uno de los aspectos más controvertidos de las armas autónomas es el debate sobre la moralidad de permitir que una máquina tome la decisión de matar a una persona.

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Incluso si el militar supiera que uno de los robots asesinos está a punto de matar a un civil, no podría hacer nada para impedirlo.

Del mismo modo, en el caso de un corte en las comunicaciones, el militar no sabría qué está haciendo la máquina ni, por consiguiente, podría evitar algún tipo de actuación indebida.

“En la mayoría de los casos, ni el programador ni el fabricante ni el comandante ni el operador podrían tener responsabilidad legal por los actos indebidos de la máquina”, apuntó Docherty.

“Sería injusto y legalmente imposible responsabilizar al comandante si un arma completamente autónoma comete un acto ilegal e imprevisto que él no ha tenido manera de impedir o prever”, añadió.

Petición de la ONU

En 2013 la ONU urgió a los Estados a aplicar moratorias nacionales que detengan el ensayo, producción, montaje, transferencia, adquisición, despliegue y empleo de robots asesinos.

La semana pasada se reunieron en Ginebra expertos y representantes de sesenta países miembros de la ONU para debatir sobre los límites legales y éticos de las armas autónomas.

“Buscamos simplemente un poco más de claridad sobre qué son estas máquinas y cómo debemos enmarcarlas y/o delimitarlas”, explicó el diplomático alemán Michael Biontino, presidente de la reunión.

“Por ahora estamos muy lejos de incluso saber cómo son estas máquinas, qué forma tienen, cómo serán. De hecho, creo entender que estamos lejos de que existan porque es muy difícil programar una máquina que tome tantas decisiones por si sola”, añadió. (I)

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Palestina se convierte oficialmente en miembro de la Corte Penal Internacional

Palestina se adhirió oficialmente este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que abre la puerta a que responsables israelíes sean juzgados por crímenes de guerra o crímenes ligados a la ocupación de los territorios.

En una ceremonia a puerta cerrada en la sede de la corte en La Haya, el ministro palestino de Relaciones Exteriores, Ryad al Malki, recibió una copia simbólica del estatuto de Roma, el elemento constitutivo de la CPI.

Sumarse al tribunal forma parte de un esfuerzo más amplio de los palestinos de poner presión internacional sobre Israel. Su ingreso se formalizó en un momento en que se ven escasas posibilidades de retomar las negociaciones acerca de la formación de un estado palestino, tras la reciente victorial electoral del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que empleó una dura retórica en la campaña.

“Ante la gran injusticia que soporta nuestro pueblo y los reiterados crímenes cometidos en su contra, Palestina ha decidido buscar justicia, no venganza”, dijo el ministro Malki a los periodistas después de la ceremonia, llamando a Israel a adherirse al tribunal.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no debería tener miedo (…) Si Israel tiene quejas (contra los palestinos) debería presentarlas ante la CPI”, dijo Al Malki.

Netanyahu ha acusado al gobierno palestino, incluido Hamas (al que Tel Aviv considera organización terrorista), de “manipular” al tribunal.

Exasperados por décadas de negociaciones en vano, sin ninguna perspectiva de ver nacer próximamente el Estado al que aspiran desde hace mucho tiempo, los palestinos decidieron internacionalizar su causa.

Los palestinos firmaron en enero el tratado fundacional de la CPI, y su inclusión se hizo oficial el miércoles en un acto bienvenido por los activistas que lo ven como una oportunidad de exigir responsabilidades tras años de conflictos entre Israel y los palestinos.

Israel no forma parte de la CPI, pero sus líderes civiles y militares podrían enfrentarse a cargos si se cree que cometieron crímenes en territorio palestino. Israel no hizo comentarios en un primer momento el miércoles.

Investigación

El fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, abrió una investigación preliminar a mediados de enero después de los palestinos aceptaran formalmente la jurisdicción del tribunal desde justo antes del conflicto del año pasado en Gaza.

La Autoridad Palestina esperará a ver el resultado de la investigación preliminar, dijo Malki. Sin embargo, insistió en que los palestinos están dispuestos a pedir una investigación formal si la evaluación inicial de las pruebas se demora demasiado, aunque no aclaró cuándo sería eso.

Algunas revisiones preliminares llevaron meses, otras prosiguen tras varios años.

La organización Human Rights Watch dio la bienvenida a la Autoridad Palestina como 123er miembro de la CPI, e insistió en que ahora depende de Bensouda determinar si las pruebas son lo bastante sólidas como para una investigación completa.

“Cualquier decisión sobre si realizar una investigación y contra quién no está en manos de los palestinos o de los israelíes”, dijo Balkees Jarrah, asesor de justicia internacional en Human Rights Watch.

Crímenes de guerra

Es probable que la revisión se centre en un principio en el conflicto del año pasado en Gaza. Los palestinos sufrieron amplias bajas civiles, llevando a algunos grupos humanitarios a acusar a Israel de crímenes de guerra. También los líderes de Hamas, que gobierna Gaza, podrían verse acusados porque el grupo miliciano disparó cohetes de forma indiscriminada sobre zonas civiles israelíes.

En un comunicado, el miembro de Hamas Ismail Radwan describió el ingreso del miércoles como “un paso en la buena dirección”. Los líderes palestinos deben aprovechar la oportunidad para “denunciar la ocupación y combatirla hasta que sea sancionada por sus crímenes contra el pueblo palestino”, afirmó.

Además, los fiscales podrían considerar la cuestión de la construcción de asentamientos israelíes, que gran parte del mundo considera ilegal. Pero los fiscales en La Haya no tienen jurisdicción sobre sucesos ocurridos antes de que los palestinos se unieran a la Corte.

La membresía palestina “da esperanza a las víctimas tanto en Palestina como en Israel de que puedan ver que se hace justicia y el conflicto se lleva a un final pacífico”, dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición para la Corte Penal Internacional, que respalda y promociona la labor del tribunal. (I)

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89 niños sudaneses son secuestrados para reclutarlos para la guerra

Un grupo armado que no fue identificado raptó esta semana en Sudán del Sur a 89 adolescentes en el norte del país, informó ayer Unicef.

Según la agencia de la ONU, especializada en la infancia, el masivo secuestro se produjo a principios de esta semana en la localidad de Wau Shilluk.

Cerca de “89 niños fueron secuestrados”, dijo Unicef en un comunicado, en el que agregó que la cifra podría ser mayor. El organismo indicó que testigos del rapto señalaron que combatientes de un grupo armado que no fue identificado rodearon la comunidad y fueron casa por casa sacando a los niños mayores de 12 años.

“El reclutamiento y el uso de niños en grupos armados destruye familias y comunidades”, dijo Jonathan Veitch, director de Unicef en Sudán del Sur.

Según el organismo, al menos 12.000 niños son utilizados como combatientes en ambos bandos que luchan en la cruenta guerra civil que azota al país desde fines del 2013.

“Los niños están expuestos a un nivel inusitado de violencia, pierden a sus familias y pierden la oportunidad de ir al colegio”, agregó el funcionario de las Naciones Unidas.

“A pesar de las promesas lanzadas por las fuerzas del gobierno y de la oposición, ambos bandos siguen reclutando y utilizando a niños soldados en combate”, advirtió el director para África de la organización Human Rights Watch (HRW), Daniel Bekele, quien acusó al Ejército de Sudán del Sur de reclutar a niños cerca del recinto de la ONU en Malakal, al noreste del país.

Las fuerzas rebeldes también han utilizado a niños tanto en operaciones de combate como en tareas logísticas y de reabastecimiento, aseguró HRW.

“Un chico de 16 años de Bentiu (norte del país) describió su terror cuando, apenas un día después de ser reclutado junto con decenas de jóvenes en diciembre del 2013, uno de los comandantes rebeldes le dio un arma y lo obligó a luchar”, señaló.

HRW exigió al presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y a Riek Machar, exvicepresidente y líder de los rebeldes, que emitan órdenes claras para detener el reclutamiento de menores y ayudar a la ONU a reinsertarlos. (I)

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