Mineros y familias, primeros en salir de zona intervenida en Imbabura

Ibarra –

“Se acabó la bonanza”, “Allá no queda nada más que peligro”, “No me llevo nada, pero al menos voy completo”. En medio de frases como estas, cerca del mediodía de este martes partía de la Y de San Gerónimo, en Imbabura, el primer bus repleto de personas, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, que llegaron en diferentes fechas a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón imbabureño de Urcuquí, seguros de que les iba a tocar un poco del oro que, habían escuchado, ya enriqueció a unos cuantos.

A todos ellos les sorprendieron poco después de las 05:00 de este martes los militares y policías que llegaron a los caseríos improvisados alrededor de las minas de Buenos Aires, con el anuncio de que su permanencia en el sitio era ilegal, que tenían que desalojar voluntariamente y llevarse sus pertenencias, en las que no se incluían taladros, herramientas neumáticas o motosierras.

A esa hora ya estaban incautadas las máquinas de varias procesadoras de material que contenía oro. Uno de los que salía era Stalin Ortiz, de 24 años, quien hace apenas quince días llegó al ‘rancho’ de un amigo que lo trajo desde la Unión de Quinindé, en Esmeraldas.

“El ambiente allá adentro es de inseguridad, por los guerrilleros o paramilitares que hay. Es mejor irse. Volveré mejor a buscar trabajo en Quinindé y ojalá lo encuentre”, dijo Ortiz antes de subirse al bus contratado por las autoridades nacionales para dejarlo en la terminal de transporte en Ibarra.

Stalin y otras personas llevaban trajes polvorientos, botas de caucho y se bajaban de camionetas particulares o de camiones policiales y militares. Todos a sus espaldas cargaban grandes mochilas y las manos eran insuficientes para llevar cobijas, colchones, peluches y hasta sus mascotas.

“Empieza nuestro segundo éxodo”, decían Carlos y Yeraldine, dos venezolanos que llegaron a Imbabura desde Yaracui hace cinco meses y están en el país de forma irregular. Ninguno de ellos decía conocer otro lugar de Ecuador que no sea su casa hecha de madera reciclada y plástico negro en una montaña cercana a La Vicera, zona de comercio que es el último punto al que llegan los vehículos que traen personas para ser explotadas laboral y sexualmente, enseres, alimentos, herramientas… todo para la minería ilegal que se ha acentuado en Buenos Aires desde hace más de tres años.

Desde la tarde y noche del lunes en que el gobierno de Lenín Moreno decretó el estado de excepción para la parroquia de Buenos Aires, con el fin de recuperar el orden y la seguridad en la zona, la población tiene una agitada vida. Ahora al partido de ecuavóley no solo asiste don Pedro, dueño de una tienda del parque central, sino también policías judiciales y militares que vigilan el área. Entre bote y bote del balón se escucha a ratos el rastrillar de armas.

En los portales de las casas del poblado que normalmente albergaría a unas 1.800 habitantes y a una población flotante similar, el tema de conversación es cuál será el futuro, pues la economía del lugar dependía al 100% de lo que consumía y generaban las minas. No hay respuestas, dicen, y esperarán a que pase el operativo oficial para saber qué es lo que les queda y hacia dónde irán.

El incremento de controles de seguridad se da desde la Panamericana Norte hacia la vía a San Lorenzo. En los 73 kilómetros que separan del desvío de Mascarilla hasta Buenos Aires existen al menos siete puntos de control. En todos se hace un registro de las pertenencias que lleva la persona, se anotan sus datos personales y los militares hacen una revisión minuciosa del vehículo.

Peruanos, colombianos, venezolanos y ecuatorianos de Machala, Loja, Ibarra, Esmeraldas, Santo Domingo, Tulcán, Ambato, etcétera, reconocen haber sido parte de los cientos de personas que decidieron desalojar cerca de tres poblados que crecieron sin lógica y sin servicios a lo largo de los 13 kilómetros que separan a Buenos Aires de las minas. Por ahí van y vienen camiones con gente que pide comida, una oportunidad de trabajo y que incluso grita, ¡viva la minería!

Hasta las 18:00 de este martes, un total de 16 personas fueron aprehendidas por la policía y los fiscales por estar ebrias o no poder justificar el dinero que tenía. Se decomisaron machetes, cuchillos, tijeras, botellas de licor, moladoras y discos de corte. (I)

‘La amenaza de la minería ilegal es multidimensional’

La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que han identificado otros delitos en el sector, que se derivan de la minería ilegal. “Entre todos los delitos identificados en la zona, hemos tenido algunas muertes violentas pero en la zona también hay explotación laboral, explotación sexual, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando.

La Policía Nacional nunca ha dejado de estar en la zona.

Hay distintos puntos de conflictividad en esta zona, han sido identificados con distintos nombres, como la Ciudad de plástico, la Visera, la Mina Vieja, la Mina Nueva, puesto que hay un nuevo lugar en donde se ha abierto una nueva boca de explotación de la mina y que empieza a convocar nuevos asentamientos.

Hay todo un sistema instalado en esa zona una sistema de transporte de material, un sistema de poleas, calculamos varias decenas de poleas, con las que se transporta el material ilegal también.

La amenaza de la minería ilegal es multidimensional pero también además de la afectación a la seguridad de las personas, hay una gravísima afectación ambiental”.

‘En la zona no hay guerrillas, ni grupos armados organizados’

Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, negó la presencia de guerrillas colombianas en la zona de intervención. “De acuerdo a (la Organización de) Naciones Unidas, lo que estamos teniendo, el nombre apropiado es delincuencia organizada. Y el hecho de que probablemente haya guerrilla de Colombia que pasa al Ecuador, ya no se llama guerrilla en el Ecuador, porque el propósito tiene otro significado en su país.

Aquí no hay ni guerrilla, ni grupos armados organizados, esos términos corresponden a otro nivel, no se sale de lo que corresponde a una delincuencia, de los delitos que se están cometiendo.

Aún teniendo armas de grueso calibre, no deja de ser una delincuencia organizada, que se ha armado con determinados individuos, que están identificados y que van a ser intervenidos, por consiguiente, hay que mantener lo que se ha explicado, diversas actividades comerciales que están siendo objetos de una intervención por parte de Fiscalía.

El asunto que se ha determinado en forma concreta es que en todas las acciones que se van a cumplir se evite violencia”. (I)

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