Mujeres van de un lado a otro en afán de denunciar violencia en Ecuador

Irene, de 70 años, llegó en diciembre a denunciar a la Unidad Judicial del Albán Borja, en Guayaquil, el maltrato psicológico al que la somete su nieto, quien vive con ella y le roba para conseguir dinero y consumir droga. “Quiero que se vaya de mi casa, me da miedo, temo por mi vida”. Sin embargo, allí fue redireccionada a que siga el proceso en la Unidad de Florida Norte, en donde se receptan las denuncias de flagrancia por violencia intrafamiliar.

Para representantes de organizaciones que ayudan a mujeres a salir del círculo de violencia intrafamiliar, el hecho de que la víctima ande de dependencia en dependencia causa que desestimen denunciar o continuar con el proceso.

Ana Batallas, asesora legal del programa municipal Amiga ya no estás sola, contó que en el acompañamiento que hacen han presenciado el problema.

“Vaya a la Florida Norte. No, aquí no está el médico perito, regrésese al Albán Borja. De allá otra vez la hacen regresar. Cómo seguir así cuando la usuaria está mortificada”, cuestionó Batallas.

Agregó que otro punto es la atención que les dan cuando llegan violentadas. “Les dicen: ¿dónde está el golpe? A ver, en qué quiere que le ayude. Eso es problema de pareja, ahí no deberíamos meternos”, expresó Batallas, quien sí destacó que hay agentes eficientes y colaboradores en las unidades.

Para Anabelle Arévalo, coordinadora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), la violencia está muy naturalizada. Otra debilidad, dijo, es que no se hace un informe completo sobre el riesgo real de la víctima, para activar un sistema de protección.

“No se hace un análisis del agresor (…). Al sector justicia no le interesa si hubo o no hechos de violencia anteriores. ‘Esta es la décima vez que me golpea’ (expone una víctima). Ellos le dicen: ‘No señora, eso no me diga, explíqueme qué pasó ahora último’. Muchas veces las callan”, lamentó Arévalo.

Arévalo y Batallas coincidieron en que se debería reforzar el personal especializado para que avancen los procesos en las dependencias de justicia.

Batallas indicó que al sistema judicial –a más de la normativa legal que ampara a las mujeres frente a las agresiones– le hace falta inversión económica, psicólogos, médicos y agentes fiscales, pues tienen un desbordado trabajo.

“Está claro que no todo podemos pedirle para ayer, cuando no hay capacidad de más”, lamentó Batallas.

Agregó que mientras tanto trabajan con Cepam, María Guare y especialistas de universidades para seguir dando apoyo a las mujeres.

“Hay mujeres que tienen cuatro hijos, que para que estos coman ha significado un puñete, han tenido que permitir una relación sexual no consentida o aguantar barbaridades con sus hijos. Esto es todos los días y no solo depende de entes de justicia”, explicó Batallas.

Arévalo resaltó que la sociedad tampoco debe callar. “Hay familias, vecinos, allegados que son testigos, pero deben actuar con una llamada al ECU-911 o aconsejar a que la víctima denuncie. Siempre escuchamos en los femicidios que sabían de la agresión, pero nunca hicieron nada”, lamentó.(I)

Corresponsabilidad

Yoli Pinillo, agente de violencia intrafamiliar, explicó que luego de una agresión tanto psicológica como física, la víctima debe acudir por ayuda, y denunciar. Esto implica tener la responsabilidad de acudir a llamados, hasta el juicio, no conformarse solo sacar boleta de auxilio y dejar abandonado el proceso. Ya que víctimas de femicidio han tenido boletas de auxilio, pero igual fueron atacadas. (I)