Crece alarma por la violencia escolar y se cuestionan sanciones

Manta –

“Esto lo veo como que a mi hijo me lo quisieron matar, como un crimen (…). Él (agresor) cumple la amenaza. (Su hijo) dice que lo amenazó dentro del colegio: ‘afuera te espero, afuera te mato’, le dijo y fue lo que hizo. Él deja a mi hijo (durante la pelea) porque cree que lo había matado, por un hilito mi hijo, gracias a Dios, está vivo”.

Es el relato de Silvia Intriago, madre del joven que recibió golpes en la cabeza y a su vez contra el suelo por parte de un compañero del colegio, Carlos García Mora, en Junín. El hecho fue captado en un video y se viralizó en días pasados.

Tras ese incidente, que ocurrió el 11 de junio de este año, los alumnos cumplen (desde el jueves 20) con suspensiones administrativas de nueve días, el afectado, y de diez, el agresor.

En este lapso, los alumnos no van a clases y sus padres deben ir al colegio a retirar las tareas a cumplir para no atrasarse.

Aquella sanción está estipulada en los artículos 330 y 331 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), como una falta grave que implica una suspensión de hasta 15 días.

Sin embargo, la aplicación de esa sanción tuvo objeciones de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil (AEBI).

Christian Arias, presidente de este organismo, cree que el Ministerio de Educación tiene rutas y protocolos sobre situaciones de violencia detectadas en instituciones educativas, pero aquello no exime que en ciertos casos sea pertinente poner una denuncia en Fiscalía.

Agrega que el artículo 50 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia alude al derecho de protección a la integridad personal de niños y adolescentes, contra todo tipo de violencia física, psicológica o sexual. Por ello, dice, en la sanción se debían observar el contexto y la magnitud del caso.

“Hay situaciones que pueden ser vistas como un incidente disciplinario, pero esto, en el que se ve claramente en el video, que un joven estampa la cabeza contra el piso, debería ser procesado como un posible delito de tentativa de asesinato”, expresa Arias.

Pero no es el único hecho de violencia que se ha registrado en los planteles educativos. Otro escenario de violencia se dio entre estudiantes del colegio 5 de Junio y Luis Arboleda Martínez, de Manta, en el área del comercial Bahía de Manta. Y aquello se replica en otras provincias, pues la problemática se da a nivel nacional.

Carlos Freddy Macías, rector (e) del colegio 5 de Junio, dice que en ese caso también se indaga si quienes intervinieron en esa gresca serían exalumnos o personas que se ponen el uniforme de las instituciones para desacreditarlas. No descarta que entre los agresores haya algún estudiante.

Las cifras de sanciones contra alumnos del colegio 5 de Junio durante el 2018 llegó a 20. Y van desde la suspensión temporal hasta la reubicación.

En lo que va del 2019, cinco procesos han sido analizados. En uno de ellos, Macías refiere que posiblemente se solicite la reubicación para un alumno que golpeó a su compañero.

Ante ello, en los próximos días tendrán una reunión las autoridades educativas, municipales y de la Policía, para buscar alternativas que erradiquen estos signos de violencia.

En 2018, en Santo Domingo, un alumno amenazó de muerte, con pistola, a un docente.

Van 276 casos de agresiones en Manabí y Santo Domingo

Tania Guillem, coordinadora zonal 4 del Ministerio de Educación (que tiene bajo su control a los planteles de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas), cuenta que el profesor amenazado con pistola por un alumno, el año anterior, solicitó ser reubicado.

En lo que va de este año, el Registro de Casos de Violencia (Redevi) en ambas provincias indica que se han resuelto 276 casos y que actualmente se indagan 9, indica Guillem.

“En su mayoría son casos de violencia entre pares, pero aparte existe bullying, vulneración de derechos entre ellos, exclusión y otros”, agrega.

Por ello, dice Guillem, se reforzará el programa de escuelas seguras, donde docentes y padres activen brigadas de control interno y externo, además de reactivar y mejorar los códigos de convivencia. (I)