Estado ecuatoriano reconoce ante la CorteIDH responsabilidad en caso de adolescente abusada que se suicidó en 2002

San José –

El Estado ecuatoriano reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad en el caso de Paola Guzmán Albarracín, quien se suicidó a los 16 años tras sufrir abusos sexuales a manos de una autoridad de su colegio.

María Fernanda Álvarez, directora de derechos humanos de la Procuraduría General de Ecuador, pidió disculpas a la madre de la menor, Petita Albarracín, por las «acciones y omisiones del Estado» que permitieron los abusos de la menor y su muerte.

Paola Guzmán ingirió fósforo blanco para suicidarse el 12 de diciembre de 2002, tras dos años de sufrir abusos sexuales a manos del vicerrector de su colegio en Guayaquil, Bolívar Espín.

Álvarez reconoció que un mal manejo del caso a cargo de la Fiscalía permitió que prescribiera el proceso penal contra Espín.

La menor comenzó a ser abusada sexualmente por el vicerrector a los 14 años a cambio de ayuda con sus notas. Después de dos años quedó embarazada y Espín la obligó a abortar, según el recuento del caso presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El médico del colegio solo accedió a practicarle el aborto a cambio de favores sexuales, agregó el recuento.

Deprimida y afectada por estos hechos, la menor ingirió fósforo blanco cuando iba camino al colegio.

Al llegar a la institución, el personal la obligó a rezar en lugar de prestarle atención médica, y solo tres horas después permitieron que las compañeras llamaran a la madre de Paola para informarle de lo ocurrido.

La menor murió un día después en la unidad de terapia intensiva de una clínica privada.

«El abuso que vivió mi hija lo sabían todos, lo sabía el rector, los profesores, las compañeras y no me dijeron nada», reclamó Albarracín entre lágrimas.

Narró también sus infructuosos esfuerzos por buscar justicia.

«Hice todo lo posible, fui a la fiscalía, a la dirección de estudios, hubo mucha humillación, no me atendían, botaban los papeles», se quejó.

Álvarez admitió que el Estado fue omiso en la investigación administrativa, en el proceso penal y en las acciones para impedir que este tipo de práctica se diera en un colegio público.

«Como representante del Estado ofrezco a la señora Petita las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola», expresó Álvarez.

Albarracín pidió que «el Estado ecuatoriano debe limpiar el nombre de mi hija porque ella fue la víctima. Que pongan mano dura para que no pase lo que vivió mi hija y lo que he sufrido». (I)