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Juez ordena seguir adelante con la demanda de Víctor Jara en Florida

Un juez federal del estado de Florida desestimó la solicitud de un militar chileno acusado de haber participado en el asesinato del cantante Víctor Jara para que cerrara su caso y le ordenó que responda de inmediato a los cargos de tortura y matanza extrajudicial que enfrenta.

En su resolución, el juez Roy Dalton Jr., sin embargo, resolvió desechar las acusaciones de crímenes de lesa humanidad interpuestas por la familia de Jara contra el teniente retirado chileno Pedro Barrientos.

“Estamos complacidos porque nuestro caso podrá seguir adelante por torturas y matanza extrajudicial”, dijo a la AP Almudena Bernabeu, una de las abogadas del Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas, que representa a la familia de Jara. Pero lamentó que “la corte haya desechado los crímenes de lesa humanidad, porque el asesinato de Victor Jara es un crimen contra la humanidad”.

La decisión de Dalton se debió a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos prohíbe a los magistrados abordar casos de lesa humanidad cometidos en el extranjero.

En su resolución de 14 páginas del 14 de abril, a la que la AP tuvo acceso el jueves, el juez le ordenó a Barrientos responder a las acusaciones antes del 28 de abril.

La decisión del magistrado del tribunal federal del distrito del centro de Florida en Orlando allanó el camino para que la demanda civil llegue a un juicio oral, tras los intentos de Barrientos de que fuera archivada.

En los próximos meses las partes deberán presentar sus alegatos y evidencias y el juicio podría comenzar hacia comienzos del año próximo y extenderse por al menos dos semanas, de acuerdo con los demandantes.

Demanda

La familia de Jara presentó en septiembre de 2013 la demanda en nombre del fallecido cantautor y activista chileno, alegando que Barrientos, quien reside en Florida y se desempeñó como militar del ejército chileno durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), ordenó a los soldados que estaban bajo su mando que torturaran a Jara.

El artista y activista político fue detenido, torturado y encarcelado pocos días después de la llegada de Pinochet al poder en septiembre de 1973.

Barrientos, quien forma parte de un grupo de oficiales que también enfrentan acusaciones penales en Chile por la muerte de Jara, introdujo a comienzos de marzo una moción pidiéndole al juez que desechara el caso. En el documento, el militar alegó que la demanda había prescrito porque fue presentada 40 años después de la muerte de Jara y 24 años después de que él se mudara a Estados Unidos, en 1989. Dijo también que la justicia estadounidense no tenía jurisdicción sobre el caso.

El militar ha negado estar involucrado en la muerte de Jara y ha asegurado que no sabía quién era el cantautor en el momento del golpe de Estado.

El abogado de Barrientos en Estados Unidos, José Báez, no respondió los mensajes de correo electrónicos enviados por AP.

Tortura

La esposa de Jara y sus dos hijas -Joan Jara, Amanda Jara Turner y Manuela Bunster, respectivamente- alegan que Barrientos estaba a cargo del centro de detenciones adonde fue llevado Jara y que él ordenó a sus subordinados que lo torturaran. Luego él mismo participó en una especie de ruleta rusa y efectuó el disparo letal.

En Chile la Corte de Apelaciones cerró recientemente el sumario por el homicidio de Jara, lo que significa el fin de la etapa investigativa. En esa causa hay 12 procesados, incluido Barrientos.

En Estados Unidos, a diferencia de Chile, la demanda es civil y por ello Barrientos sólo enfrenta una condena monetaria que podría ser millonaria, pero no una pena de cárcel.

La familia de Jara sostiene que con esta demanda lo que busca es ante todo que se haga justicia y que finalmente Barrientos pueda ser expatriado a su país para que enfrente allí a la justicia.

En la nación sudamericana se requiere la presencia del imputado para pasar a la fase de juicio.

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Presidentas de Brasil y Chile ven bajar su aceptación

Del escándalo político a la investigación judicial. Financiamiento ilegal a campañas electorales, evasión tributaria, tráfico de influencias y uso de información privilegiada son, entre otros, los presuntos delitos que indaga la justicia chilena y que ha puesto bajo sospecha a parlamentarios, excandidatos y hasta el hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

En medio de las graves denuncias que han afectado la popularidad de la mandataria chilena, hasta llegar al 30%, ha anunciado nuevas medidas anticorrupción orientadas a la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos.

Una salida que ha adoptado recientemente la mandataria brasileña Dilma Rousseff, quien también enfrenta un bajón en su popularidad (10,8 %) por el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras, que se develó hace un año, en el que están bajo investigación 103 personas, 51 de ellas funcionarios públicos en su mayoría del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Bachelet y Rousseff, líderes políticas de izquierda que se han sumado a los gobiernos de la región con tendencia al socialismo del siglo XXI, enfrentan hoy en sus segundos mandatos unos mínimos históricos de apoyo en medio de una profunda crisis política.

Ambas prometen transparencia en los procesos judiciales. Anteproyectos de ley que endurecen las penas por delitos de corrupción son parte de las medidas anunciadas por Rousseff después de la masiva protesta del 15 de este mes. Bachelet, quien enfrenta elecciones municipales en el 2016, descartó cualquier intento por bloquear las investigaciones. Creó un consejo asesor para que elabore una propuesta de ley que regule mejor la relación entre política y negocios.

En Chile, la mañana del 7 de marzo en medios y redes sociales se había instalado un intenso debate sobre la capacidad de la justicia chilena frente al poder. Por radio y televisión se retransmitió la resolución del juez Juan Escobar en el caso Penta (nombre de la empresa bajo investigación), el mayor escándalo de corrupción del país.

Un caso que comenzó hace más de dos años con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares.

Durante la transmisión de la audiencia el juez ordenó la prisión preventiva de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del grupo chileno Penta, y otros cuatro implicados por los presuntos delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos.

Délano y Lavín han admitido el financiamiento irregular de candidaturas políticas vinculadas, la mayoría, a la derecha chilena. Para muchos la decisión judicial es un golpe inédito a la clase empresarial y a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido -según la fiscalía- más beneficiado de estos aportes ilegales en campañas electorales.

Un impacto que se suma al caso Caval o llamado por la prensa como “Nueragate”, en el que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, y a su esposa, Natalia Compagnon, quienes enfrentan acusaciones por “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias”, después de que concretaran un negocio millonario de especulación inmobiliaria.

Las revelaciones y detalles de ambos casos, que se han dado a conocer a través de la prensa, han causado indignación en varios sectores de la sociedad chilena que el 16 de este mes salió a las calles para reclamar por reformas en la educación, pero también por una Asamblea Constituyente que permita reformar la Constitución y sepulte la de Augusto Pinochet (1980). Para hoy se anuncian nuevas marchas convocadas a través de las redes sociales. Mientras que en Brasil, en medio del escándalo de Petrobras, la Policía Federal desmanteló una red que habría desfalcado con 6.000 millones de dólares al fisco. (I)

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Italia envía a juicio al exdictador boliviano García Meza por el Plan Cóndor

La Justicia italiana decretó este martes el enjuiciamiento del exdictador de Bolivia Luis García Meza (1980-1981), imputado en este país en el caso que investiga la desaparición de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor en las décadas de 1970 y 1980.

El juez Alessandro Arturi lo decidió durante la última de las vistas de la fase preliminar del proceso, que tuvo lugar hoy en el Tribunal de Roma, informaron fuentes próximas al caso.

Italia juzga en primera instancia desde el pasado 12 de febrero a un total de 32 antiguos miembros de las Juntas Militares de Bolivia (1), Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16) por la muerte y desaparición de ciudadanos italianos en la Operación Cóndor.

García Meza estaba presente en la lista de imputados durante la audiencia preliminar pero no pudo ser enviado a juicio como los otros 32 debido a que había sido imposible entregarle la requisitoria de la Justicia italiana.

Sin embargo, esto finalmente se produjo después de que funcionarios de La Paz le entregaran la denuncia en el hospital militar en el que permanece ingresado actualmente por su precario estado de salud.

Notificación

Lo lograron pasándole el documento por debajo de la puerta de la habitación, debido a su negativa a abrirla, algo que legitima a Italia a enjuiciarle dado que Arturi considera que ya está al corriente del juicio, que en su caso se celebrará “in absentia”.

Este es un requisito indispensable debido a que la legislación establece que para que una persona sea juzgada debe estar enterada del proceso que pretende abrirse en su contra.

La próxima audiencia del proceso en primera instancia ha sido fijada para el 9 de abril a las 8.00 GMT y en ella ya figurará como acusado García Meza, de 85 años.

El otro boliviano acusado es el que fue su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.

Otros acusados

Los acusados uruguayos son Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vasquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Alvarez y Ernesto Soca.

También Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.

Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

Los chilenos son Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, jefe de la DINA (aparato represor de Pinochet), Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía, y el militar Sergio Víctor Arellano Stark.

Además, Pedro Octavio Espinoza Bravo (brigadier), el expolicía Carlos Luco Astroza, el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.

En el juicio, instruido en la III Corte Penal del Tribunal de Roma, participan numerosas partes civiles como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) o el Partido Comunista del país andino.

La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. (I)

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Isabel Allende pide protestar por detención de alcalde de Caracas

La presidenta del Senado chileno, Isabel Allende, demandó este viernes al gobierno de su país expresar “preocupación” por el arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, un conocido dirigente opositor al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Gobierno de Chile debe manifestar su preocupación por detención de Ledezma en Venezuela”, escribió en su cuenta de twitter la senadora, según divulgan hoy medios locales.

El alcalde Antonio Ledezma fue golpeado y detenido en la víspera por agentes de la seguridad venezolana, días después de que firmara con otros opositores un documento público sobre una posible “transición”, acto por el que el presidente Maduro lo acusó de participar en una supuesta conspiración contra su gobierno.

La paralmentaria es hija del presidente socialista Salvador Allende, derrocado en un golpe militar que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

La demanda de la senadora se suma a la que formuló a la mandataria socialista Michelle Bachelete y el ex presidente chileno Sebastián Piñera (2010-2014), quien calificó de “brutal” la detención del edil caraqueño. (I)

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Exagentes de Pinochet son condenados por crímenes de "caso Missing"

La Justicia chilena informó este lunes la condena contra dos exagentes de Augusto Pinochet por el homicidio del periodista estadounidense Charles Horman y su compatriota Frank Teruggi, ocurridos en septiembre de 1973, cuya historia inspiró la película “Missing”.

El juez encargado del caso, Jorge Zepeda, condenó al exbrigadier del Ejército, Pedro Espinoza Bravo, a siete años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos homicidios y a dos años de cárcel al funcionario civil retirado de la Fuerza Aérea Rafael González, informaron este lunes fuentes judiciales.

En el último caso, se concedió el beneficio de remisión condicional, por su responsabilidad como cómplice del homicidio de Horman Lazar.

El caso fue abordado en 1982 por la célebre película “Missing”, del cineasta franco-griego Constantin Costa-Gavras, el primer largometraje que denunció la colaboración de Estados Unidos con el golpe militar de Augusto Pinochet.

Tráiler de la película ‘Missing’ (1982)

En el aspecto material, el juez condenó al Fisco y los condenados a indemnizar a la viuda y hermana de ambas víctimas con 200 millones de pesos (unos 320.000 dólares) para cada una.

El periodista Charles Horman fue arrestado por una patrulla militar el 17 de septiembre de 1973 y asesinado a la mañana siguiente.

En tanto, Teruggi fue arrestado el 20 de septiembre en su casa y murió entre el 21 y 22 de septiembre del mismo año en el Estadio Nacional de la capital, que se utilizó como campo de prisioneros políticos, tras ser torturado.

Según los antecedentes recopilados por la Justicia, las muertes de Horman y Teruggi se enmarcan en la investigación que realizaban los servicios secretos de Estados Unidos para indagar las actividades políticas de sus ciudadanos en Chile, con la colaboración de agentes de la dictadura. (I)

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Gobierno venezolano: Andrés Pastrana y Sebastián Piñera querían ‘montar show’

La ministra venezolana de Comunicación e Información, Jacqueline Farías, dijo ayer que los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Chile, Sebastián Piñera, intentaron visitar al encarcelado opositor Leopoldo López sin permiso y con la intención de “montar un show mediático”.

Farías escribió en su cuenta de Twitter que Pastrana y Piñera “se presentaron” en la cárcel militar de Ramo Verde, donde está preso López, “sin permiso con intención de montar show mediático de cara al exterior”.

Pastrana y Piñera intentaron visitar el domingo a López, acusado de instigar las protestas del año pasado contra el gobierno, pero la fuerza pública les impidió el paso.

Piñera dijo que los jefes del penal les impidieron visitar a López con argumentos “burocráticos”. El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que un grupo de víctimas de las protestas celebradas entre febrero y mayo pasados pidió ser recibidos por los expresidentes para que escuchen otra versión de lo ocurrido.

El grupo es apoyado por el gobierno, que sostiene que López ensayó un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, mediante llamados a la violencia en la calle, y le atribuye las 43 víctimas mortales que se registraron en las manifestaciones.

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, intervino en un foro sobre neoliberalismo y derechos humanos, organizado por el oficialismo, y afirmó que Venezuela responderá a los expresidentes visitantes en su intento por “venir a darnos clases de democracia y de defensa de los derechos humanos”.

“Representantes encumbrados de sistemas políticos neoliberales han venido a nuestro país, donde sus puertas han estado abiertas para que incluso tengan el doble rasero de atacar a un gobierno legítimamente constituido, no siendo nacionales, teniendo ellos a mal las propias normas legales de nuestra nación”, señaló.

Saab se dirigió a Pastrana, al que definió como el “padre del Plan Colombia, un plan militarista que bañó de sangre a su nación; Calderón, acusado en la Corte Penal Internacional por la violencia en sus excesos donde se documentan 10.000 desapariciones y 70.000 asesinatos violentos de carácter político; y nada más y nada menos que Piñera, el pupilo más aventajado de Pinochet, un defensor acérrimo a ultranza de la dictadura pinochetista”.

Pastrana lamentó que los “demócratas de América Latina hayan dejado sola a Venezuela”, país en el que, aseguró, se producen graves violaciones de los derechos humanos y existen presos políticos.

Pastrana, Piñera y Felipe Calderón (México) participaron ayer en el foro de la oposición venezolana ‘Poder ciudadano y la democracia de hoy’.

“En el mundo civilizado hay valores y principios como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos que no tienen fronteras, son universales”, afirmó Piñera.

Pastrana y Piñera pidieron a Maduro la liberación del opositor radical Leopoldo López, “injustamente encarcelado”, y de “todos los presos políticos” que calculan son 63.(I)

Coersión
Caribe

Petróleo
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, dijo ayer que ningún país debe usar sus recursos energéticos como método de coerción a los países del Caribe, en una aparente referencia a Venezuela y su programa de entrega de petróleo subsidiado dentro de la iniciativa que se ha denominado Petrocaribe.

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Pastrana y Piñera querían "montar un show", dice gobierno de Venezuela

La ministra venezolana de Comunicación e Información, Jacqueline Farías, dijo hoy que los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Chile, Sebastián Piñera, intentaron visitar al encarcelado opositor Leopoldo López sin permiso y con la intención de “montar un show mediático”.

Farías escribió en su cuenta de Twitter que Pastrana y Piñera “se presentaron” en la cárcel militar de Ramo Verde, donde está preso López, “sin permiso con intención de montar show mediático de cara al exterior”.

Pastrana y Piñera intentaron visitar el domingo a López, acusado de instigar las protestas del año pasado contra el gobierno, pero la fuerza pública les impidió el paso.

Piñera dijo que los jefes del penal les impidieron visitar a López con argumentos “burocráticos”. Para hoy se esperaba la llegada del expresidente de México, Felipe Calderón.

El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que un grupo de víctimas de las protestas celebradas entre febrero y mayo pasados pidió ser recibidos por los expresidentes para que escuchen otra versión de lo ocurrido.

El grupo es apoyado por el gobierno, que sostiene que López ensayó un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, mediante llamados a la violencia en la calle, y le atribuye las 43 víctimas mortales que se registraron en las manifestaciones.

Críticas a exmandatarios

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, intervino en un foro sobre neoliberalismo y derechos humanos, organizado por el oficialismo, y afirmó que Venezuela responderá a los expresidentes visitantes en su intento por “venir a darnos clases de democracia y de defensa de los derechos humanos”.

“Representantes encumbrados de sistemas políticos neoliberales han venido a nuestro país, donde sus puertas han estado abiertas para que incluso tengan el doble rasero de atacar a un gobierno legítimamente constituido, no siendo nacionales, teniendo ellos a mal las propias normas legales de nuestra nación”, señaló.

Saab se dirigió a Pastrana, al que definió como el “padre del Plan Colombia, un plan militarista que bañó de sangre a su nación; Calderón, acusado en la Corte Penal Internacional por la violencia en sus excesos donde se documentan 10.000 desapariciones y aproximadamente 70.000 asesinatos violentos de carácter político; y nada más y nada menos que Piñera, el pupilo más aventajando de Pinochet, un defensor acérrimo a ultranza de la dictadura pinochetista”.

“Han querido venir a la patria de Simón Bolívar a darnos clases de democracia y de derechos humanos. Respondemos con la verdad histórica, con la moral en alto y con la bandera de no caer jamás en las confrontaciones de carácter bélico, como ocurrieron en esas naciones, donde por pensar diferente fueron exterminados decenas y millares de nacionales”, alegó. (I)

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