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Las Fuerzas Armadas de Colombia estudiarán la semana próxima en Naciones Unidas experiencias internacionales que puedan resultarles útiles para preparar el cese el fuego bilateral con las FARC y la transición a la paz que podría llegar si el Gobierno firma un acuerdo definitivo con la guerrilla.

Así lo aseguró el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en una entrevista al diario El Tiempo en la que explicó el motivo de su visita a Nueva York, donde viajará tras haber participado en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que concluye hoy.

Pinzón afirmó que la semana próxima acudirá a las Naciones Unidas con el jefe del Comando de Transición del Gobierno colombiano, el general del Ejército Javier Flórez, para «mirar las experiencias de desmovilización, desarme y reintegración» que han vivido «algunos de los miembros» de la ONU.

«(Vamos a ver) cuáles han sido esas experiencias en el mundo para nosotros estar en lo que hemos llamado el Comando Estratégico de Transición, preparando toda esa capacidad», especificó Pinzón.

Preguntado sobre si eso significa que las Fuerzas Militares se están preparando para un alto el fuego bilateral, el ministro respondió que buscan estar listos para implementar esa medida cuando sea el momento.

«Si así se da (el cese el fuego), pues tendremos toda la capacidad y estaremos preparados para este proceso de transición», comentó.

El ministro subrayó que el general Flórez «viene trabajando con todo su equipo» para planificar «la desmovilización, el desarme y la reintegración» de los guerrilleros que se abordará con las FARC próximamente y que por este motivo las Fuerzas Armadas buscan estar listas llegado el momento.

Por otro lado, el titular de Defensa reveló que en su viaje en Nueva York firmará un acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para enviar a soldados colombianos a misiones internacionales de paz.

Pinzón matizó que este acuerdo se aplicaría «cuando sea conveniente y necesario» y no implique «ningún tipo de riesgo en materia de seguridad» para sus uniformados.

Asimismo, consideró esta eventual colaboración como «un mensaje de respeto a las Fuerzas Armadas colombianas, a sus estándares en derechos humanos», ya que, apuntó, la ONU «no firma ese tipo de acuerdo con Fuerzas Armadas de todas partes».

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negocian la paz desde noviembre de 2012 en La Habana, retomarán el próximo 2 de febrero los diálogos interrumpidos por la Navidad.

Entonces las partes abrirán el quinto y último punto de la agenda, referida al fin del conflicto armado, y continuarán el cuarto apartado, sobre el reconocimiento y reparación de las víctimas.

Desde que se abrió el proceso de paz, las partes han alcanzado preacuerdos sobre propiedad de la tierra, participación política y sustitución de cultivos ilícitos.

24/01/2015

Internacionales

Sancionan a 25 miembros de FF.AA. de Colombia por espionaje a diálogos con FARC

Las Fuerzas Armadas de Colombia retiraron este viernes del servicio a cinco de sus miembros y relevaron de sus cargos a 20 más por su presunta relación con los escándalos de espionaje al proceso de paz con las FARC.

Según el inspector general de las Fuerzas Militares, vicealmirante César Augusto Narváez, los retirados del servicio activo son tres oficiales, un suboficial y un patrullero, todos miembros del Ejército o la Policía, implicados en fuga de información reservada.

Entre los 20 relevados de sus funciones figuran diez oficiales, ocho suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado, agregó el inspector, quien advirtió que los implicados pueden ser excluidos de la rama de inteligencia «si fuere del caso».

Operación Andrómeda

Esas decisiones fueron tomadas después de investigar la participación de militares y policías en los casos de espionaje de la llamada «Operación Andrómeda», del pirata informático Andrés Sepúlveda y de la filtración de documentos secretos de inteligencia y de una supuesta lista de correos electrónicos de políticos y periodistas relacionados con el proceso de paz.

La «Operación Andrómeda» fue puesta al descubierto el 4 de febrero del año pasado por la Fiscalía, que encontró que un restaurante de Bogotá era utilizado por militares como fachada para operaciones de espionaje.

Desde ese local los implicados interceptaron comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno colombiano con las FARC en Cuba, de dirigentes de izquierda y de periodistas.

Según explicó este viernes el vicealmirante Narváez en una rueda de prensa, «Andrómeda estuvo dentro del marco legal, con fundamento en la Constitución política colombiana, directivas, reglamentos y el Manual de Manejo de Redes de Informantes», pero faltó control de las actividades allí realizadas.

«En la fachada de la Operación Andrómeda no se aplicó el principio del secreto, establecido por la inteligencia militar para este tipo de actividades», expresó en un comunicado leído a la prensa.

Involucrados

Sobre el espionaje al proceso de paz cometido por el «hacker» Sepúlveda, gestor de redes sociales de la campaña electoral del excandidato presidencial uribista óscar Iván Zuluaga, según la Fiscalía con la finalidad de «sabotear» los diálogos con las FARC, la investigación concluyó que también hubo participación de miembros de la fuerza pública.

«Existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército Nacional y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada directa o indirectamente al señor Andrés Sepúlveda, por lo que la Fiscalía general de la Nación les dictó medida de aseguramiento», expresó Narváez.

El caso del pirata informático, actualmente detenido, fue descubierto en mayo pasado en plena campaña presidencial en la que Zuluaga disputó una reñida segunda vuelta con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que entonces aspiraba a la reelección.

Pero también se ha abordado la presunta existencia de un directorio militar en el que, al parecer sin conocimiento o autorización de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, se recopilaron datos de unos 500 periodistas nacionales e internacionales, hechos sobre los cuales «a la fecha no se ha encontrado evidencia», indicó el oficial.

Polígrafo

En total, las Fuerzas Armadas realizaron 268 pruebas de credibilidad y confidencialidad a personal de inteligencia y miembros de otras divisiones a los que preguntaron su implicación en estos casos bajo la prueba del polígrafo.

De ellas, destacaron ocho pruebas que no arrojaron resultados «satisfactorios», explicó Narváez.

A partir de estos resultados, la investigación avanzó hasta determinar la supuesta vinculación de los 25 integrantes de las Fuerzas Armadas.

El vicealmirante rehusó ofrecer más detalles sobre los pormenores de la investigación puesto que, insistió, es potestad de la Fiscalía, que investiga dichas operaciones, pronunciarse «a su debido momento».

Con el mismo argumento, también rechazó especificar si estos 25 miembros facilitaron información reservada del proceso de paz al expresidente Álvaro Uribe, fuerte crítico de las negociaciones que en diversas ocasiones ha revelado datos solo en poder de los negociadores de paz del Gobierno.

Además de estas sanciones, Narváez anunció que se han abierto seis «investigaciones disciplinarias», de las cuales cuatro corresponden al caso del pirata informático Sepúlveda y dos a la existencia de la lista de correos electrónicos de periodistas.

En estas investigaciones están involucrados al menos once «funcionarios de la fuerza pública» sobre los que no se ofreció más detalles puesto que el proceso aún no ha culminado. (I)

23/01/2015

Internacionales