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¿Sabe Estados Unidos a quién matan sus drones?

La revelación de que Estados Unidos mató “accidentalmente” a dos rehenes occidentales en un ataque con aviones no tripulados (drones) ha renovado las críticas a ese programa secreto de la CIA y la impresión de muchos expertos de que el Gobierno no sabe con certeza a quién matan sus ataques aéreos.

El presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó identificar posibles cambios en la política de drones a raíz del incidente revelado este jueves, que se produjo durante una operación contra Al Qaeda en Pakistán en enero y en el que murieron el rehén estadounidense Warren Weinstein y el italiano Giovanni Lo Porto.

Pero, para varios legisladores, investigadores y expertos, el suceso subraya la urgencia de aclarar y reforzar las normas de uso de los drones, que han llegado a su apogeo durante la Presidencia de Obama y que ejecutan ataques selectivos en virtud de información de inteligencia que en ocasiones ha resultado ser incompleta o errónea.

“En cada una de las operaciones que ha reconocido (el Gobierno este jueves), Estados Unidos literalmente no sabía a quién estaba matando”, dijo Jameel Jaffer, experto legal de la organización Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), en un comunicado.

Para lanzar un ataque aéreo sobre un objetivo, la CIA requiere una “certeza casi completa” de que no se dañará a civiles, y en muchos casos, quienes operan drones a miles de kilómetros de distancia se basan en una estimación imperfecta, sin saber realmente quién se encuentra dentro del edificio al que disparan.

Se estima que ha habido alrededor de 522 ataques selectivos estadounidenses en Pakistán, Yemen y Somalia desde septiembre de 2011 y que han matado a alrededor de 3.852 personas, de los que 476 eran civiles, es decir, un 12 % del total.

Esas cifras las proporcionó el jueves Micah Zenko, un investigador especializado en el estudio de la política de drones, y son una media de diferentes estimaciones publicadas por la Oficina de Periodismo de Investigación, el proyecto ‘Long War Journal’ y el centro New America Foundation.

Además, según Zenko, ocho ciudadanos estadounidenses han muerto en los ataques con drones de EE.UU., y solo uno de ellos era un objetivo al que la inteligencia norteamericana quería atacar: el imán Anwar al Awlaki, asesinado en el 2011 en Yemen.

En cuanto a las víctimas civiles no estadounidenses, el Gobierno de EE.UU. “se niega a proporcionar información” al respecto cuando hay denuncias “creíbles” de grupos de derechos humanos, según escribió Zenko esta semana en la revista Foreign Policy.

 

Críticas a la Casa Blanca

La organización británica Reprieve, que ha representado a familiares de víctimas civiles en casos de ataques con drones de EE.UU., recordó este jueves que el Gobierno de Obama “no se ha disculpado por su error” en los muchos otros casos de muertes de personas inocentes en ataques selectivos.

“La Casa Blanca está sentando un precedente peligroso: que si eres occidental y te golpea (un dron) por accidente pediremos perdón, pero impondremos un muro de silencio si eres un civil yemení o paquistaní que ha perdido a un ser querido”, dijo Alka Pradhan, un abogado de Reprieve, en un comunicado.

Los informes independientes sobre las muertes de cientos de civiles en ataques de drones han dañado la imagen de EE.UU. en parte del mundo árabe; y el Ministerio de Exteriores de Pakistán alertó el jueves de que la muerte de los rehenes es un nuevo recordatorio del “riesgo y las consecuencias accidentales del uso de esa tecnología”.

Según Zenko, que es experto del centro de estudios Council of Foreign Relations, EE.UU. “tiene una obligación con los civiles asesinados por los drones de lanzar un estudio sobre las políticas de ataques letales selectivos, igual que hizo un comité del Senado sobre el programa de interrogatorios de la CIA” en diciembre pasado.

La senadora demócrata Dianne Feinstein, que encabezó ese estudio sobre la CIA, dijo el jueves que quiere revisar la política de drones para prevenir muertes de civiles, una idea que apoya el republicano Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia.

En cuanto a la revisión ordenada este jueves por Obama, uno de los cambios que podría generar sería la transferencia del control de los ataques con drones de la CIA al Pentágono, según observadores.

Sin embargo, no hay indicaciones claras de que el Pentágono pudiera enmendar algunos de los errores de la CIA, ya que ambos se apoyan en la misma información de inteligencia.

Dentro de Estados Unidos, la polémica sobre los drones solo ha surgido, tímidamente, en las escasas instancias en que la víctima ha sido un civil estadounidense y, según una encuesta publicada en 2014 por el centro de estudios Pew, un 52 % de los ciudadanos del país apoya el uso de aviones no tripulados contra el terrorismo.

Ese respaldo, unido a la aceptación generalizada de la política en el Congreso de EE.UU. y el uso creciente de los drones en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, hacen improbable que Obama ponga freno al que se ha convertido en un pilar clave de su estrategia contra el terrorismo. (I)

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Humala enfrenta sexta salida de jefe de gabinete peruano

El mandatario peruano, Ollanta Humala, buscaba ayer a un nuevo primer ministro tras la censura del Congreso a la actual jefa de gabinete debido a acusaciones de espionaje a opositores, un escenario que complica al gobierno a un año de las elecciones presidenciales.

Cerca de la medianoche del lunes, con 72 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones, la oposición venció al oficialismo y censuró a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, una abogada evangélica de 46 años. Junto con ella saldrán los otros 18 titulares de la cartera.

La oposición acusó a Jara de permitir que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) espíe a la clase política, en su mayoría a la oposición, pero también a miembros del oficialismo alejados del entorno de Humala, como la vicepresidenta Marisol Espinoza.

“Doy gracias al Señor Jesús por haberme dado la oportunidad de servir a mi país desde el Ejecutivo”, sostuvo Jara en su cuenta de Twitter. Ella asumió el cargo en julio pasado.

El presidente tiene 72 horas para presentar al sucesor de Jara, quien fue la sexta persona en presidir el Consejo de Ministros en un gobierno que empezó en el 2011. Ya se barajan nombres. Diarios como El Comercio citan a fuentes del palacio para indicar que los ministros de Justicia, Fredy Otálora; y de Vivienda, Milton von Hesse, parecen haberse situado en el primer lugar de preferencias.

“Es un mensaje para el presidente Ollanta Humala”, expresó la legisladora de la oposición Marisol Pérez-Tello.

Analistas esperan que Humala no cambie al ministro clave de Economía, Alonso Segura, quien tiene el respaldo de los inversores y la comunidad empresarial y que ha puesto en marcha una serie de medidas para frenar la desaceleración productiva del país debido a la caída de sus vitales exportaciones mineras.

La censura a Jara se produce cuando el apoyo a Humala ha caído al 25%, mucho menos de la mitad de aprobación cuando inició su mandato, según datos de la encuestadora Ipsos Perú.

La revista Correo Semanal denunció el 19 de marzo que la DINI había rastreado información de los Registros Públicos de cientos de personas, entre las que estaban la mayoría de los actuales congresistas, la propia Jara, el expresidente Alejandro Toledo y el actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Esta entidad de inteligencia está suspendida desde el 1 de marzo pasado por orden del mandatario, quien ordenó someterla durante 180 días a una reestructuración. (I)

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Siete funcionarios afines a Maduro, en la mira del gobierno de Estados Unidos

Están vinculados a las fuerzas de seguridad y a la justicia venezolana. Tienen trayectoria desde la época del líder fallecido Hugo Chávez y dentro del gobierno de Nicolás Maduro, algunos han sido reintegrados a sus cargos militares, recibido ascensos o desempeñan, según analistas, puestos considerados claves para la llamada revolución bolivariana.

Ellos son los siete funcionarios venezolanos que el pasado lunes fueron sancionados por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien mediante decreto declara a la nación sudamericana una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior estadounidenses. La orden presidencial de EE.UU. se enfoca en “personas involucradas o responsables por la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de oponentes políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno”.

Los cinco oficiales, un exmilitar y una fiscal han sido elogiados por Maduro, quien calificó las medidas (que incluyen el bloqueo de bienes que pudieran tener en EE.UU.) como aberrantes e ilegales.

En respuesta a la medida Maduro nombró como ministro de Interior, Justicia y Paz a uno de los sancionados, el mayor general Gustavo González López, quien era director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Según la orden presidencial de Obama, “bajo la dirección de González, el Sebin ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela”. Además de causar varias lesiones, el personal “cometió cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela”.

El diario español El País señala en una nota que González pertenece al grupo que responde a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del gobierno venezolano.

Otro de los sancionados es el general Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Es un exlíder de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuyos miembros, según EE.UU., están comprometidos en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un serio abuso o violación de derechos humanos, incluidos aquellos cometidos contra quienes participaron en las protestas del año pasado.

En julio del 2014 pasó a retiro, pero dos meses después Maduro lo incorporó a las filas. Cuando era coronel reprimió las protestas estudiantiles del 2009 contra la Ley de Educación. Chávez, por su fidelidad, le otorgó la Orden Libertador.

EE.UU. también incluye al jefe de la 31 brigada del Ejército Manuel Gregorio Bernal Martínez, denunciado, junto con Maduro, por el líder opositor Leopoldo López por las muertes del estudiante Bassil Dacosta y del chavista Juan Montoya en las protestas del 12 de febrero pasado. Su nombramiento como director del Sebin se dio el 23 de enero pasado y tres semanas después fue destituido. Maduro ha negado que su remoción haya sido por su actuación en las protestas.

En la lista está Manuel Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sus miembros, señala el informe de EE.UU., “usaron fuerza física severa en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales”.

Se suma el inspector general de las Fuerzas Armadas, Miguel Vivas Landino. Fue jefe de la Región Estratégica de Los Andes de la Fuerza Armada venezolana entre febrero y julio del 2014 en que se registraron las marchas antichavistas. Según Univision, dirigió la represión de las manifestaciones en Mérida, Táchira y Trujillo.

La única civil sancionada por EE.UU. es la fiscal 20 Katherine Nayarith Haringhton Padron, quien lleva el caso de la exdiputada y líder opositora María Corina Machado y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma (preso desde el 20 de febrero). El informe de EE.UU. dice que “la evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos”. Se añade que “con base en información inverosímil y en algunos casos inventada” la fiscal ha acusado a varios opositores “con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de Estado”.

Los sancionados se completan con Justo José Noguera, excomandante de la GNB y presidente de la Corporación estatal Venezolana de Guayana. Él y Benavides fueron cuestionados por la actuación de sus tropas en las protestas. “En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, lo que incluyó la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego”, señala el informe. (I)

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