El tratamiento de los desechos considerados peligrosos y especiales porque contienen componentes perjudiciales para la salud o el medio ambiente es complejo. Cada tipo requiere un proceso distinto para reciclarlo o reusarlo, si es el caso, como parte de la denominada economía circular, reutilizar residuos contaminantes que se derivan de los procesos productivos. Es decir, posibilitar un aprovechamiento.

La recolección y transporte también debe cumplir normas como la identificación del vehículo, el rastreo satelital o la premisa de no trasladar un desecho común con uno peligroso. La última instancia es la disposición final con la eliminación con procesos como la incineración controlada o contenerlo en celdas de seguridad.

En este grupo están los residuos infecciosos que genera el doctor en su consultorio privado, los de las clínicas u hospitales, los de la industria y los del sector comercial como los restaurantes y vulcanizadoras.

La lámpara fluorescente, por ejemplo, común en los negocios, contiene vapor de mercurio en el interior, los equipos electrónicos son residuos especiales, que si bien no son peligrosos para la salud humana, tienen componentes que al degradarse afectan al ambiente, al igual que las pilas, las baterías.

Los residuos comunes son el 80% del total que se genera en el país y el 20% restante entra en las definiciones de desechos peligrosos y especiales, según estudios.

En Ecuador aún hay falencias en el manejo de la basura ordinaria no peligrosa, cuya gestión es competencia de los municipios. De los 221 del país apenas 71 cuentan con relleno sanitario, otros 41 tienen celdas emergentes que son provisionales y 109, botaderos a cielo abierto.

De ahí que el tratamiento del 20% restante también sea deficiente sobre todo en el sector residencial y comercial. El art. 47 del Acuerdo No. 061 del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) declara que es prioridad nacional la gestión de todos los tipos de residuos.

“Las normas están, pero no siempre hay los recursos, el interés, no hay presión ni control ni la capacidad técnica para cumplirla rápido porque requiere inversiones, concientización, cada ciudad va a su ritmo”, asegura Édgar Pinzón, presidente de la gestora autorizada de desperdicios peligrosos Gadere.

La normativa indica que cada generador es el responsable de gestionar el manejo de los desechos. En el caso de los peligrosos y especiales, deben delegar el tratamiento a gestores autorizados. En Ecuador hay 113 prestadores. Estos están enlistados en el sitio web de la entidad según la cobertura, el tipo de residuo que trata y la fase que abarca: si recolecta, transporta o cubre todo.

La incineración controlada es uno de los procesos que se aplican para el tratamiento de ciertos desechos peligrosos. Foto: Jorge Peñafiel

Los municipios tienen la función de velar porque la gestión de los peligrosos se haga de forma correcta, indica Denise Cajas, gerente de Gadere.

El MAE asegura, en respuestas enviadas por escrito a este Diario tras una solicitud de entrevista sobre el tema planteada el 6 de noviembre pasado, que la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca se ha calificado como gestor de aceite lubricante usado; y alrededor de tres iniciativas de otros GADM (Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales) están en proceso de regularización para recolección, transporte y almacenamiento de desechos eléctricos y electrónicos, pilas usadas, lámparas de descarga con contenido de mercurio, envases de pintura, aceite lubricante usado, medicamentos caducados y tratamiento de lodos con hidrocarburos.

El problema es que hay vacíos legales sobre la forma cómo tratar ciertos tipos de residuos peligrosos y falta normar los criterios para categorizarlos como tales, dice Cajas: “Pero sí están enlistados”.

El tema de las trampas de grasa de los restaurantes, por ejemplo, no termina de estar normado, agrega Cajas: “El aceite vegetal usado en las frituras está categorizado como desecho especial por lo que no puede ir al alcantarillado”.

Hoy la definición de un residuo como peligroso pasa por la conciencia del generador. Él mismo en la práctica debe registrarse ante el MAE para seguir el tratamiento que amerite, dice Édgar Pinzón, presidente de Gadere. “A nivel industrial el tema está más controlado porque tienen especialistas, pero a nivel comercial y en general aún falta”, según Cajas.

Una práctica que se mantiene, señalan quienes manejan estos residuos, es que en ciertos hospitales colocan las agujas usadas (basura infecciosa) en botellas de plástico. Ahí ese recipiente ya no puede ser reciclado porque ha tenido contacto con uno peligroso por lo que se contamina y debe ser manejado como tal.

Denise Cajas, gerente de Gadere, compañía autorizada por el Ministerio del Ambiente para tratar los desechos peligrosos. Foto: Jorge Peñafiel

La industria genera aceites usados, sólidos contaminados con sustancias químicas o hidrocarburos, solventes y filtros utilizados o fármacos caducados. También los lodos, ripios y desechos de perforación en superficie que contienen hidrocarburos, entre otros, por la extracción petrolera.

Hay zonas del país marcadas por pasivos ambientales, daños ocasionados por el mal manejo de estos desechos. El MAE empezó en el 2005 la remediación de 2.319 fuentes contaminantes (piscinas y fosas) en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo derivadas de la explotación petrolera. Para ello se creó el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS).

El número de fuentes contaminadas eliminadas y avaladas por el MAE es de 1.081 hasta el 2017 en un área de 30,7 hectáreas, según datos del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). El porcentaje de puntos eliminados y avalados es del 46,6% del total.

Alexandra Almeida, experta en impacto de la actividad hidrocarburífera y miembro de Acción Ecológica, reconoce el esfuerzo, pero crítica los métodos empleados. “Se ha hecho efectivamente algún esfuerzo por eliminar estos pasivos ambientales, pero por limpiar un sitio contaminado terminan afectando otros lugares”, dice.

La ONG Acción Ecológica ha hecho seguimiento al proceso realizado en la zona del campo Libertador. Almeida cuenta que en 2016 la comunidad San Juan de Pózul, en la parroquia Pacayacu del cantón Lago Agrio en Sucumbíos, se vio afectada por la contaminación del río sin tener pozos ni desechos del petróleo en piscinas.

Lo que genera la industria

Los aceites usados encabezan la cantidad generada de residuos peligrosos por las empresas (39,7%), seguidos de los depósitos y residuos químicos (27,3%) y de los ácidos, alcalinos o sales (20,5%), según el documento ‘Información Económica Ambiental en Empresas’, publicado en abril del 2017, que abarcó el estudio de la gestión ambiental en 3.756 compañías del país.

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