Según la Superintendencia de Bancos se ha discriminado a un grupo de personas a través de restricciones para la apertura de una cuenta de ahorros y otros servicios.

En un comunicado de prensa, el organismo de control señala que ha receptado  «múltiples quejas (…) por parte de políticos, asambleístas y otros funcionarios públicos …» sobre estas supuestas acciones que llevaría a los bancos a ser sancionados.

El presidente de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino, afirma que este grupo financiero no tiene una política de restringir los servicios bancarios.

Robalino aclara que asambleístas, funcionarios y servidores públicos deben cumplir con las mismas evaluaciones y requisitos que se les pide  a quienes deseen un servicio financiero, por ejemplo, una nueva cuenta o un préstamo.

Las personas políticamente expuestas para acceder a un servicio bancario deben cumplir con ciertos procedimientos de acuerdo a una norma de prevención de delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero el superintedente de Bancos, Pedro Solines, señala que esa ley

«no prohíbe que las entidades del sistema financiero provean a dichas personas servicios financieros de ahorro y crédito».

Esta circular que fue enviada a los representantes legales de los bancos del país.